San Luis Potosí, S.L.P., domingo 16 de noviembre de 2025.– La organización internacional ARTICLE 19 denunció que el Congreso de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal del estado que criminalizan el uso de herramientas de inteligencia artificial mediante conceptos imprecisos y definiciones ambiguas, lo que advirtió, abre la puerta a la censura, al uso discrecional del derecho penal y a un aumento del hostigamiento contra periodistas, creadores de contenido y manifestaciones de crítica política.

Las modificaciones adicionan los artículos 187 Ter, 272 Ter y 272 Bis al Código Penal, los cuales sancionan desde la creación o manipulación de voces e imágenes generadas mediante inteligencia artificial hasta la supuesta manipulación institucional y la difusión dolosa de desinformación. Las penas van de uno a seis años de prisión, además de multas que pueden alcanzar las 600 Unidades de Medida y Actualización.

Aunque las disposiciones incluyen excepciones para contenidos periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política, ARTICLE 19 advirtió que su redacción es tan amplia que permite interpretaciones arbitrarias. Conceptos como paz social, alarma pública, confianza pública o incluso el dolo del emisor carecen de precisión jurídica, lo cual viola el principio de taxatividad y convierte al derecho penal en una herramienta de uso discrecional.

La organización alertó que estas ambigüedades pueden derivar en la criminalización de actividades legítimas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la sátira política, la libertad artística o el uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial. En el caso del periodismo, reiteró que la persecución judicial está creciendo: entre enero y julio de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial, 14 de ellos por la vía penal.

“La violencia contra la prensa ahora se traslada a los tribunales”, señaló.

ARTICLE 19 informó que elaboró y remitió observaciones técnicas al Congreso de San Luis Potosí el pasado 10 de noviembre, pero estas fueron desestimadas. La aprobación de los nuevos delitos, indicó, forma parte de una tendencia nacional en la que se recurre al derecho penal no como último recurso, sino como herramienta política o de impacto mediático, sin el análisis jurídico necesario.

La agrupación condenó la actuación del Congreso de San Luis Potosí y llamó a las y los legisladores a abstenerse de crear tipos penales ambiguos que puedan ser utilizados para castigar el disenso, inhibir la crítica o controlar el debate público.