San Luis Potosí, S.L.P., domingo 5 de julio de 2026.– La actuación de un comandante de la Policía de Investigación quedó bajo cuestionamiento luego de que un empresario presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en un operativo irregular que, según la acusación, incluyó el ingreso sin orden judicial a un taller mecánico, la privación ilegal de la libertad de dos personas, agresiones físicas y el robo de dinero y diversos objetos de valor.
La denuncia identifica al mando policial como Carlos Iván N. y señala que los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Quintas de las Haciendas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. De acuerdo con el relato del denunciante, un grupo de hombres armados llegó al establecimiento en una camioneta, irrumpió en el lugar sin presentar una orden de cateo y permaneció aproximadamente 40 minutos dentro del negocio.
Durante ese tiempo, padre e hijo, quienes laboraban en el taller, presuntamente fueron sometidos, golpeados y privados de la libertad. El empresario también aseguró que los participantes en el operativo sustrajeron dinero en efectivo, documentación de vehículos y otros bienes pertenecientes al establecimiento.
Uno de los principales señalamientos contenidos en la querella sostiene que, 48 horas después de esos hechos, personal de la propia Fiscalía regresó al inmueble para realizar un cateo con autorización judicial. A decir del denunciante, esa diligencia habría tenido como propósito legitimar la primera intervención, la cual califica como ilegal, además de presentar públicamente el resultado como un operativo exitoso sin mencionar las acusaciones de abuso atribuidas a los agentes.
En la denuncia también se describe el primer ingreso al taller como un presunto “levantón” cometido por elementos de la Policía de Investigación y se solicita que las investigaciones no se limiten al comandante señalado, sino que incluyan a todos los funcionarios que participaron en el despliegue, a fin de determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
A la controversia se sumó un documento difundido en redes sociales que hace referencia a una supuesta orden de aprehensión emitida en 2010, en Chiapas, contra una persona con el mismo nombre por el delito de tortura. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad del documento, su vigencia o que corresponda al servidor público denunciado.
Pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento sobre la denuncia ni ha informado si el comandante señalado continúa en funciones o si se abrió alguna investigación interna derivada de las acusaciones.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de supervisión de los cuerpos de investigación y la obligación de las instituciones encargadas de procurar justicia de esclarecer cualquier denuncia que involucre a sus propios elementos. Hasta que exista una resolución oficial, corresponderá a las autoridades determinar la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes.
