San Luis Potosí, S.L.P., jueves 23 de abril de 2026.– Familiares de José Luis N, exigieron su liberación al considerar que fue condenado pese a haber actuado en legítima defensa, durante una rueda de prensa realizada este jueves en San Luis Potosí. A más de dos años de los hechos en los que perdió la vida Luis César Ferrer, la defensa presentó una nueva narrativa del caso en la que expuso antecedentes de amenazas, conflictos previos y posibles omisiones de las autoridades, con el argumento de que el proceso debe analizarse bajo un contexto de riesgo real para el imputado y su familia.

El caso, ocurrido el 26 de febrero de 2023, volvió a cobrar relevancia luego de que se cuestionara el tiempo transcurrido entre los hechos y la detención, realizada hasta el 18 de agosto de ese mismo año. De acuerdo con la defensa, este lapso genera dudas sobre la actuación institucional durante las primeras etapas de la investigación, así como sobre la integración del expediente que derivó en el proceso penal.

Durante la exposición, se señaló que el día de los hechos una persona identificada como Antonio Segura Hernández, alias “El Piña”, presuntamente portaba un arma de fuego y habría amenazado a las hijas del imputado, lo que detonó una confrontación dentro del domicilio. Asimismo, se plantearon inconsistencias en torno al momento y lugar de la muerte de la víctima, al sostener que no falleció en el sitio, sino que habría salido caminando, situación que, según la defensa, no fue plenamente acreditada por la autoridad investigadora.

En el ámbito judicial, la causa penal 1057/2023 derivó en el juicio 03/2026, donde se formularon cargos por homicidio calificado. Sin embargo, el juez determinó que los hechos ocurrieron en un escenario de exceso de legítima defensa, tras valorar pruebas testimoniales, periciales y material videográfico que mostraría el ingreso de un grupo numeroso al domicilio. Pese a ello, el caso ha generado posturas encontradas entre las partes: mientras familiares del fallecido han manifestado inconformidad y señalamientos contra el juzgador, la defensa sostiene que el fallo se apega a las pruebas presentadas. En este contexto, también se hizo un llamado a las autoridades estatales para revisar la situación jurídica del sentenciado, al argumentar que ya habría cumplido su condena sin obtener su liberación.