San Luis Potosí, miércoles 17 de diciembre de 2025.– La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Paloma Blanco López, expresó su inconformidad por la forma en que el Congreso del Estado aprobó la denominada “ley gobernadora”, al señalar que la iniciativa presentada por el organismo electoral no fue analizada de fondo antes de ser avalada de manera acelerada.

Cuestionada sobre si existía arrepentimiento o decepción tras la aprobación de la reforma, Blanco López respondió que el sentir institucional es de decepción, al considerar que el Poder Legislativo no dedicó el tiempo necesario para revisar un documento que fue elaborado durante más de un año de trabajo técnico y especializado.

La consejera presidenta subrayó que la iniciativa fue construida al término del proceso electoral ordinario, a partir de los trabajos de una comisión temporal y con la participación de los partidos políticos, quienes aportaron observaciones de carácter técnico. No obstante, reprochó que este esfuerzo no se haya visto reflejado en un análisis legislativo serio.

Aunque evitó confrontarse directamente con el Congreso, Blanco López dejó en claro que el CEEPAC cumplió con las atribuciones que le confiere la ley vigente y que su papel no es político, sino estrictamente técnico, por lo que consideró preocupante que una propuesta de esta naturaleza sea aprobada sin un debate amplio ni revisión detallada.

En relación con el tema de la paridad de género, indicó que la propuesta incluida en la iniciativa se sustentó en criterios y sentencias jurisdiccionales que desde hace años obligan a las entidades federativas a avanzar en este tipo de medidas. Sin embargo, advirtió que cada estado tiene contextos sociopolíticos y legales distintos, lo que vuelve indispensable un análisis responsable antes de legislar.

Blanco López enfatizó que el CEEPAC no participa en los procesos de dictaminación ni aprobación de las leyes, por lo que cualquier consecuencia jurídica o interpretación futura corresponderá exclusivamente al Poder Legislativo o a los tribunales electorales.

Finalmente, sostuvo que el organismo electoral actuó con autonomía y apego a la ley, pero insistió en que la aprobación apresurada de reformas electorales pone en riesgo la certeza jurídica y los “pisos parejos” que deben existir antes del inicio de cualquier proceso electoral.