San Luis Potosí, S.L.P., domingo 5 de abril de 2026.– La presencia de gestores externos marcó el proceso de regularización de autos “chocolate” en el país, al generar un esquema paralelo de cobros y gestión que encareció los trámites, denunció Toño Tirado.

Según explicó, estos intermediarios ofrecían resolver problemas administrativos o “destrabar” expedientes a cambio de pagos adicionales, lo que derivó en un incremento considerable en el costo final para los propietarios.

Indicó que, en algunos casos, los gestores llegaban a cobrar montos superiores a 10 mil e incluso 20 mil pesos por completar el proceso, pese a que las tarifas oficiales eran menores.

Además, señaló que su participación fomentó prácticas irregulares, como la manipulación de documentos o la facilitación de trámites sin los controles adecuados.
Tirado subrayó que la actuación de estos “coyotes” evidenció la falta de supervisión en el programa y permitió la creación de redes informales que operaron al margen de las disposiciones oficiales.

Finalmente, consideró que cualquier nuevo esquema de regularización deberá eliminar la intervención de intermediarios para evitar abusos y garantizar un proceso transparente para los ciudadanos.

San Luis Potosí, S.L.P., domingo 5 de abril de 2026.– La presencia de gestores externos marcó el proceso de regularización de autos “chocolate” en el país, al generar un esquema paralelo de cobros y gestión que encareció los trámites, denunció Toño Tirado.

Según explicó, estos intermediarios ofrecían resolver problemas administrativos o “destrabar” expedientes a cambio de pagos adicionales, lo que derivó en un incremento considerable en el costo final para los propietarios.

Indicó que, en algunos casos, los gestores llegaban a cobrar montos superiores a 10 mil e incluso 20 mil pesos por completar el proceso, pese a que las tarifas oficiales eran menores.

Además, señaló que su participación fomentó prácticas irregulares, como la manipulación de documentos o la facilitación de trámites sin los controles adecuados.
Tirado subrayó que la actuación de estos “coyotes” evidenció la falta de supervisión en el programa y permitió la creación de redes informales que operaron al margen de las disposiciones oficiales.

Finalmente, consideró que cualquier nuevo esquema de regularización deberá eliminar la intervención de intermediarios para evitar abusos y garantizar un proceso transparente para los ciudadanos.