San Luis Potosí, S.L.P., viernes 20 de marzo de 2026.- Juan Felipe Cisneros Sánchez, representante del Observatorio Indígena Mesoamericano, cuestionó el rumbo que ha tomado el Congreso del Estado de San Luis Potosí en torno a la consulta indígena, al advertir que la posible contratación de una empresa encuestadora podría contradecir los principios establecidos en la ley.


La preocupación surge a partir de la propuesta promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien ha planteado que una firma externa diseñe y ejecute el ejercicio de consulta como parte del cumplimiento de resoluciones judiciales.


Para el especialista, este planteamiento implica una confusión de fondo, ya que una encuesta no puede sustituir a un proceso de consulta indígena, el cual debe desarrollarse bajo esquemas colectivos y no mediante la recopilación de opiniones individuales.


Cisneros Sánchez explicó que este tipo de consultas están reconocidas tanto en la Constitución mexicana como en la legislación estatal, y su objetivo es generar acuerdos a través del diálogo entre autoridades y comunidades indígenas, consideradas sujetos de derecho público.


Asimismo, señaló que la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios establece con claridad que estos procesos deben ser organizados por las propias instituciones públicas, con el acompañamiento de instancias especializadas en materia indígena, lo que pondría en duda la legalidad de delegar esta tarea a una empresa privada.


Añadió que, además, las consultas deben cumplir con estándares específicos como ser libres, previas, informadas y culturalmente adecuadas, lo que implica respetar los tiempos de las comunidades, realizar asambleas y garantizar la traducción a lenguas originarias.

El análisis se da en el contexto de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha invalidado ejercicios de consulta que no cumplen con estos criterios. En este escenario, el Congreso estatal enfrenta el reto de acatar dichos lineamientos para evitar nuevas controversias legales por parte de los pueblos indígenas.