San Luis Potosí, S.L.P., jueves 9 de julio de 2026.- La Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado inició funciones con un alcance reducido desde su creación. Aunque fue presentada como un espacio para atender las inquietudes del gremio periodístico, la propia presidenta del órgano, la diputada Dolores Robles Chaires, reconoció que no tendrá facultades para sancionar, investigar o resolver los casos que le sean planteados.
Durante la instalación de la comisión, la legisladora explicó que el trabajo estará enfocado en el diálogo y la coordinación con distintas instancias, particularmente con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esto significa que la comisión dependerá de otras autoridades para que las demandas o denuncias puedan traducirse en acciones concretas.
El reconocimiento de estas limitaciones abre cuestionamientos sobre la utilidad práctica del nuevo órgano legislativo. Si bien podrá recibir inquietudes y dar seguimiento a los casos, cualquier decisión de fondo seguirá correspondiendo a instituciones ajenas al Congreso, por lo que la comisión operará principalmente como un enlace entre los periodistas y las dependencias competentes.
Al ser cuestionada sobre si la presidencia de la comisión representaba “sacarse la rifa del tigre”, la legisladora respondió que su designación fue una decisión de sus compañeras y compañeros legisladores, y afirmó que asumirá la responsabilidad con seriedad, pese a los desafíos que enfrenta el sector periodístico en la entidad.
La diputada reiteró que el Congreso carece de facultades legales para intervenir directamente en situaciones de riesgo, emitir medidas de protección o aplicar sanciones, por lo que el margen de actuación de la comisión estará limitado a la gestión institucional y al seguimiento de los asuntos que lleguen a sus manos.
La creación de este órgano ocurre en un contexto en el que organizaciones nacionales e internacionales han documentado agresiones contra periodistas y han advertido sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones efectivas. Sin embargo, la nueva comisión no contará con herramientas legales adicionales para incidir directamente en esos procesos.
Ante esta situación, la Comisión Especial de Atención a Periodistas inicia actividades con el reto de demostrar que puede generar resultados pese a sus limitadas atribuciones. Por ahora, su papel se limitará a fungir como un canal de comunicación y gestión, sin capacidad para obligar a las autoridades a actuar ni para ofrecer soluciones vinculantes a las problemáticas que enfrenta el gremio periodístico.
