San Luis Potosí, S.L.P., viernes 17 de abril de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, las organizaciones No Más Hijos Rehenes México A.C. y la Fundación Internacional Granito de Arena realizaron una manifestación pacífica frente al Poder Judicial del Estado, donde colocaron decenas de peluches como símbolo de las infancias que, aseguran, han sido invisibilizadas por el sistema judicial.

La protesta buscó visibilizar lo que califican como “maltrato institucional”, derivado —según señalaron— de decisiones judiciales que prolongan de manera indebida la separación entre niñas, niños y sus familias, bajo medidas que originalmente deberían ser temporales.

Durante la manifestación, Uriel Medina, delegado estatal de No Más Hijos Rehenes, acusó que el Poder Judicial ha generado una dinámica que termina por debilitar los vínculos familiares. Explicó que convivencias supervisadas, dictadas como medida precautoria, se extienden durante años en condiciones que calificó como deshumanizadas, lo que impacta directamente en la relación afectiva entre padres e hijos.

“El propio sistema crea una distancia que después utiliza como argumento para suspender el contacto, bajo la idea de que ya no existen condiciones. Es una contradicción que termina por afectar la salud emocional de los menores”, expuso.

Las organizaciones presentaron un análisis técnico en el que advierten que estas medidas, que deberían durar semanas, pueden prolongarse indefinidamente debido a la falta de plazos claros y mecanismos de revisión. Señalaron que esta situación contraviene el principio de mínima intervención y diversos protocolos en materia de protección infantil.

Asimismo, alertaron sobre las consecuencias a largo plazo de estas prácticas, al considerar que generan un “limbo afectivo” en el que las niñas y niños quedan atrapados entre procesos legales prolongados, lo que —afirman— impacta en su desarrollo emocional y en la confianza hacia las instituciones.

Como parte de la protesta, las organizaciones entregaron un documento formal a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, en el que plantean una serie de demandas orientadas a modificar las prácticas jurisdiccionales en casos familiares.

Entre las principales propuestas destacan el establecimiento de plazos máximos de tres meses para convivencias supervisadas con un plan de egreso definido, la instalación de mesas de trabajo con participación de la sociedad civil, así como la implementación de capacitación especializada en temas como neurobiología del daño.

Finalmente, solicitaron revisiones periódicas obligatorias en los casos, con el objetivo de evitar que la inercia judicial prolongue procesos que, lejos de proteger a la infancia, puedan convertirse en un obstáculo para el ejercicio pleno de su derecho a la familia.