San Luis Potosí, S.L.P., jueves 18 de junio de 2026. – Organizaciones dedicadas a la protección animal manifestaron su inconformidad con la decisión judicial que permitió que el presunto responsable de agredir a dos perros en el campo Los Delfines, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, enfrente su proceso penal en libertad.

A través de un posicionamiento público, diversos colectivos señalaron que tanto la Fiscalía General del Estado como las autoridades encargadas de impartir justicia deben actuar con mayor rigor ante hechos de violencia contra los animales, al considerar que la gravedad del caso ameritaba medidas cautelares más estrictas.

Los activistas sostuvieron que los actos de crueldad cometidos contra seres sintientes no pueden ser tratados como faltas menores, ya que representan conductas que generan alarma social y reflejan patrones de violencia que deben ser atendidos con seriedad por las instituciones.

En el documento difundido a medios de comunicación, las organizaciones expresaron que el método utilizado para causar daño a los animales debió tener un peso determinante en la valoración del riesgo que representa el imputado. A su juicio, la agresión no solo afectó a las víctimas directas, sino que también impactó a la comunidad que tuvo conocimiento de los hechos.

Asimismo, destacaron que la existencia de dos animales afectados constituye un elemento relevante dentro de la investigación, pues cada agresión debe analizarse de manera individual para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar que no queden aspectos sin esclarecer.

Respecto a los argumentos relacionados con la edad o el estado de salud mental del acusado, los colectivos consideraron que cualquier circunstancia de este tipo debe sustentarse mediante dictámenes periciales especializados y objetivos, sin que ello implique minimizar la gravedad de las conductas denunciadas.

Las organizaciones también advirtieron que decisiones percibidas como insuficientes en casos de maltrato animal pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia, además de desalentar la presentación de futuras denuncias.

Entre las demandas planteadas, solicitaron a la Fiscalía fortalecer las investigaciones mediante pruebas científicas y peritajes especializados, así como analizar de manera integral todas las posibles conductas delictivas relacionadas con el caso. De igual forma, pidieron al Poder Judicial considerar la protección de la comunidad y el bienestar animal al momento de resolver las etapas procesales.

Los colectivos aprovecharon además para exhortar al Congreso del Estado a reforzar el marco legal en materia de protección animal durante el análisis de la denominada Ley Hope, con el propósito de endurecer las medidas de prevención y sanción contra quienes ejerzan violencia hacia los animales.

Finalmente, reiteraron que mantendrán vigilancia sobre el desarrollo del proceso y subrayaron que la exigencia de justicia busca evitar la impunidad en casos de maltrato animal, además de fortalecer la protección de los seres sintientes en San Luis Potosí.