San Luis Potosí, S.L.P., Jueves 30 de octubre de 2025.- En San Luis Potosí, el combate a la extracción ilegal de agua tiene como principal motor la participación ciudadana. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cerca del 70 por ciento de las inspecciones y sanciones que se realizan en el estado derivan directamente de denuncias presentadas por habitantes que reportan perforaciones clandestinas o aprovechamientos no autorizados.

El director estatal de Conagua, Darío Fernando González Castillo, destacó que esta colaboración ha sido fundamental para detectar irregularidades, sobre todo ante las limitaciones de personal. Actualmente, la oficina estatal cuenta con solo dos inspectores oficiales, por lo que se ha recurrido a personal de otras áreas para atender los reportes recibidos a través del portal de denuncias del Gobierno Federal.

Entre los casos recientes, González Castillo mencionó el ocurrido en la localidad de Wadley, en el Altiplano potosino, donde una denuncia ciudadana permitió detener la perforación ilegal de un pozo. La maquinaria fue retirada antes de su puesta en marcha, evitando así un daño al acuífero local.

Las zonas con mayor número de reportes se concentran en el Altiplano, la Zona Metropolitana de San Luis Potosí y municipios como Villa Hidalgo, Arista, Guadalcázar y Ciudad del Maíz. Los infractores, explicó el funcionario, son diversos: desde particulares que extraen agua para uso doméstico, hasta empresarios que buscan aprovechar el recurso con fines comerciales.

El aumento en las denuncias refleja una mayor conciencia social sobre la crisis hídrica y la importancia de cuidar los mantos acuíferos. Para muchos ciudadanos, reportar la extracción ilegal se ha convertido en una forma de proteger su propio acceso al agua, en un estado donde los niveles de escasez se agravan año con año.

Conagua precisó que su estrategia no busca criminalizar a los usuarios, sino sancionar los abusos y el lucro indebido. Las reformas que se discuten a la Ley de Aguas Nacionales contemplan multas de hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y la tipificación de delitos hídricos como la manipulación de medidores o el desvío de volúmenes concesionados. Mientras tanto, con infraestructura limitada y pocos inspectores, la denuncia ciudadana sigue siendo la herramienta más eficaz para defender un recurso cada vez más escaso y disputado.