Ante el posible incremento en los costos del transporte urbano en San Luis Potosí, la organización civil Ciudadanos Observando, reveló que el 31 por ciento del padrón oficial del transporte urbano opera fuera de los límites establecidos por la Ley de Transporte Público de San Luis Potosí, que prohíbe unidades con más de 10 años de antigüedad.

Esto representa 379 vehículos en circulación que no cumplen con la normativa.

Dentro de este grupo, 64 unidades tienen un año de vencimiento, 108 tienen dos años, 89 tienen tres años, 25 tienen cuatro años y 93 han superado los cinco años de vencimiento.

Estas cifras reflejan una problemática estructural que sigue afectando la eficiencia y seguridad del sistema de transporte público en el estado.

Además, advirtió que el posible incremento en la tarifa del transporte público, previsto para el próximo 15 de enero, impactaría gravemente a las personas con menores ingresos.

Según el Plan de Movilidad Urbana del Estado de San Luis Potosí, elaborado por la consultora Felipe Ochoa y Asociados, el 62 por ciento de los usuarios del transporte público destina hasta el 38 por ciento de su sueldo a este servicio.

El alza tarifaria, de concretarse, profundizaría las dificultades económicas de los sectores más vulnerables, señaló la organización.

Además, criticó la calidad del servicio, que enfrenta denuncias recurrentes por la operación ilegal de unidades que han excedido su vida útil.