San Luis Potosí, Viernes 28 de febrero de 2025.- El reciente movimiento del presidente Donald Trump de incluir a varios cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas podría tener consecuencias legales graves para empresas estadounidenses y migrantes involucrados con estos grupos. El 19 de febrero, el Departamento de Estado anunció la designación del Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y otros seis cárteles como organizaciones terroristas globales, dentro de su lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal.

Aunque no se han reportado casos de procesamiento hasta la fecha, expertos legales advierten que las empresas que pagan por protección a estos grupos podrían enfrentarse a cargos por apoyo material a organizaciones terroristas. Un informe de la Cámara Americana de Comercio en México reveló que casi el 45% de las empresas en el país han recibido demandas de pago por parte del crimen organizado. Esta situación podría aumentar el riesgo de acciones penales, no solo para empresas estadounidenses, sino también para aquellas extranjeras que operan en EE. UU.

En el pasado, compañías como Lafarge han sido condenadas por realizar pagos a grupos terroristas, lo que subraya la seriedad del riesgo que enfrentan las empresas que operan en zonas controladas por estos grupos. Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. ya están enfocándose en este tipo de casos, lo que aumenta la presión sobre las empresas para revisar sus relaciones comerciales en áreas de alto riesgo. Además, las víctimas de violencia por parte de organizaciones terroristas también pueden demandar civilmente a las empresas que apoyen a estos grupos.

Con el comercio entre EE. UU. y América Latina siendo vital para la economía estadounidense, las implicaciones legales de estas designaciones son vastas y podrían cambiar la forma en que las empresas operan en la región.