San Luis Potosí, S.L.P., lunes 26 de octubre de 2026.- Transportistas de San Luis Potosí, encabezados por el dirigente camionero Margarito Terán López, solicitaron que se contemplen 274 millones 556 mil 619 pesos en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2027, con el propósito de amortizar las pérdidas económicas que el sector asegura haber acumulado durante la pandemia de COVID-19.
La petición forma parte de una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado para crear el Programa para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público en el Área Metropolitana de San Luis Potosí, mediante una asignación presupuestaria de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos.
De acuerdo con la exposición de motivos, los promoventes consideran necesario incluir las pérdidas registradas durante la emergencia sanitaria, debido a que estas habrían afectado la capacidad financiera de los concesionarios para mantener la operación del servicio y renovar sus unidades.
El proyecto establece una proyección económica para 768 camiones urbanos, en la que se contemplan 2 mil 304 millones de pesos para la renovación del parque vehicular, considerando un costo estimado de tres millones de pesos por unidad.
Asimismo, se incluyen 45 millones 927 mil 628 pesos para cubrir el déficit de operación de las unidades y 173 millones 399 mil 224 pesos correspondientes a un margen de utilidad del 15 por ciento, además de los 274.5 millones de pesos relacionados con las pérdidas acumuladas durante la pandemia.
Según los cálculos presentados en la iniciativa, cada camión transporta diariamente un promedio de 308 pasajeros, con ingresos estimados de 3 mil 960.60 pesos y costos de operación de 4 mil 123.84 pesos, lo que representa una diferencia negativa de 163.24 pesos diarios por unidad.
Los transportistas argumentan que el financiamiento permitiría mejorar las condiciones de operación, modernizar las unidades, fortalecer la cobertura de las rutas e incorporar mecanismos de seguridad, accesibilidad y tecnologías para la prestación del servicio.
La propuesta también establece que los recursos deberán sujetarse a reglas de operación, mecanismos de supervisión, indicadores de desempeño y obligaciones de transparencia, con la finalidad de verificar que los apoyos contribuyan a mejorar el transporte público.
En cuanto a la distribución presupuestaria, se plantea, de manera orientativa, destinar el 82 por ciento a modernización y renovación de unidades, mientras que el resto se distribuiría entre operación, accesibilidad, seguridad, capacitación, tecnología y evaluación del servicio.
La iniciativa señala que la asignación definitiva dependerá de la disponibilidad presupuestaria, las prioridades de gasto del Gobierno del Estado y la aprobación del Congreso local, por lo que los montos planteados constituyen una propuesta y no recursos autorizados.
