San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 18 de junio de 2025.– Ante la creciente demanda de agua provocada por la sequía que afecta a gran parte del país, así como el aumento en las prácticas ilegales de extracción, conocidas como huachicoleo hídrico, el Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa para tipificar el robo de agua como delito.

Actualmente, esta práctica no está contemplada de manera específica en la legislación estatal, lo que impide sancionar de forma efectiva a quienes la cometen. La extracción ilegal de agua se ha convertido en una preocupación creciente en diversas entidades del país, donde incluso se ha documentado la posible existencia de redes organizadas, según han alertado investigadores, legisladores y autoridades.

La diputada Nancy Jeanine García Martínez advirtió que la crisis de abastecimiento ha creado
condiciones propicias para este tipo de delitos:

“Es justo en tiempos de crisis cuando más se observa esta práctica; se habla incluso de redes delictivas que extraen agua sin permisos, afectando acuíferos, sistemas comunitarios y zonas protegidas”, explicó.

García Martínez subrayó que no hay una figura jurídica clara que permita castigar estos actos, por lo que desde el Congreso del Estado se trabaja en una reforma legal que contemple no solo la Ley de Aguas, sino también leyes ambientales, de cambio climático y de protección de los recursos naturales. El objetivo, dijo, es abordar el problema desde una perspectiva integral.

Además del robo directo, preocupa la afectación a las zonas de recarga pluvial. La urbanización desordenada ha bloqueado la infiltración natural del agua de lluvia, lo que contribuye al agotamiento de los mantos freáticos. La propuesta busca también dejar un precedente para que los reglamentos estatales y municipales se actualicen, incorporando mecanismos de control, inspección y sanción en casos de extracción ilegal.