San Luis Potosí, S.L.P., domingo 18 de octubre de 2026.- Con el objetivo de establecer sanciones contra abogados que incurran en negligencia grave durante la representación de sus clientes, la asociación Movimiento Acción Revolucionaria presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para reformar el artículo 246 del Código Penal de San Luis Potosí, relacionado con los delitos contra la fidelidad profesional.

Marcela Alicia Galarza López, presidenta de la organización, explicó que la propuesta busca establecer mecanismos legales para sancionar conductas dolosas, corruptas o desleales de los profesionistas del derecho, particularmente cuando sus actuaciones ocasionen perjuicios a las personas que contrataron sus servicios.

La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar sanciones que van desde amonestaciones y suspensiones temporales hasta la inhabilitación profesional, además de permitir que los afectados puedan reclamar la reparación de daños y perjuicios por la vía civil.

Galarza López señaló que también se plantea la creación de un organismo con facultades disciplinarias, como un tribunal civil especializado, encargado de investigar las denuncias relacionadas con malas prácticas profesionales y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las principales irregularidades identificadas por la asociación se encuentran el abandono de procedimientos judiciales después de recibir anticipos de honorarios, la inasistencia a audiencias, la falta de seguimiento a expedientes y la omisión de presentar pruebas dentro de los plazos establecidos por la legislación.

Asimismo, mencionó casos de abogados que solicitan cantidades de dinero bajo la promesa de garantizar la libertad de sus representados o que omiten informar a sus clientes sobre el estado real de los procedimientos judiciales.

De acuerdo con la dirigente, entre 2022 y 2025, Movimiento Acción Revolucionaria recibió más de 150 quejas por presuntas actuaciones negligentes de abogados. Además, estimó que estas prácticas podrían presentarse en aproximadamente el 40 por ciento de los litigios, aunque reconoció que una proporción importante de los casos no llega a denunciarse formalmente por desconocimiento o desconfianza de los afectados.

La promovente aclaró que la reforma no pretende criminalizar a los abogados por perder un juicio, cometer errores razonables o sostener criterios jurídicos distintos, sino establecer consecuencias cuando se acrediten conductas indebidas que afecten los derechos de sus representados.

Con esta iniciativa, la organización busca que el Congreso del Estado analice modificaciones al marco jurídico para fortalecer la responsabilidad profesional de los abogados y establecer vías de sanción frente a actuaciones que causen perjuicios a sus clientes.

La propuesta deberá ser analizada por el Poder Legislativo para determinar su viabilidad jurídica, así como los alcances de las posibles sanciones y las facultades de la instancia disciplinaria que se plantea crear.