San Luis Potosí, S.L.P., jueves 04 de septiembre de 2025.– Ocho meses después de que el Congreso del Estado aprobara su Ley de Ingresos 2025, el municipio de Zaragoza presentó una iniciativa para reformarla y fortalecer su recaudación, con la creación de nuevos cobros y un incremento en tarifas ya existentes.

La propuesta, enviada al Poder Legislativo el pasado 29 de agosto por la alcaldesa Amada Zavala y previamente aprobada en Cabildo el 23 de julio, contempla dos medidas principales: instaurar un derecho por cambio de uso de suelo y aumentar las cuotas del refrendo anual de licencias.

De acuerdo con el documento, actualmente Zaragoza percibe ingresos muy por debajo de municipios cercanos como San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez o Villa Hidalgo, lo que ha limitado su capacidad financiera.

Entre las modificaciones más relevantes está la adición de la fracción V al artículo 24, que permitiría cobrar por cambio de uso de suelo con una tabla progresiva en función de metros cuadrados y de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Por ejemplo, de 1 a 5,000 m² se aplicaría un cargo de 0.50 UMA por m², mientras que en predios mayores a un millón de m² la cuota sería de 0.10 UMA por m².

Además, el Ayuntamiento plantea aumentar el refrendo anual de licencias de uso de suelo: pasaría del 15 por ciento actual al 50 por ciento. En caso de no acreditar la existencia de la licencia inicial, se cobraría el 100 por ciento de las cuotas, con el objetivo —según la exposición de motivos— de incentivar la formalidad y generar condiciones fiscales más equitativas.

La iniciativa será revisada en la comisión segunda de hacienda municipal, en un contexto en el que los ayuntamientos ya preparan sus propuestas de ingresos para 2026, las cuales deben entregarse antes del 25 de noviembre y aprobarse a más tardar el 15 de diciembre.

Aunque el gobierno municipal sostiene que estas medidas buscan garantizar mayor recaudación y regular actividades económicas y urbanísticas, recientemente la administración de Amada Zavala fue objeto de cuestionamientos por la compra de una patrulla tipo jeep de 1.9 millones de pesos con recursos del programa Fortamun. El gasto fue justificado como necesario para atender emergencias en zonas de difícil acceso, aunque abrió el debate sobre las prioridades en el uso de los recursos públicos.