San Luis Potosí, S.L.P., domingo 1 de marzo de 2026.– La desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) aún no puede concretarse, ya que el proceso depende de la emisión de las leyes secundarias y de la armonización normativa derivada de la reforma al artículo 17 de la Constitución local aprobada por el Congreso del Estado, señaló su comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso.
El funcionario explicó que, aunque la modificación constitucional ya fue avalada por el Poder Legislativo, todavía faltan varias etapas para que entre en vigor plenamente. Entre ellas se encuentran la validación de la reforma por parte de los ayuntamientos, su publicación en el Periódico Oficial del Estado y la expedición de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales que definirá el nuevo modelo institucional.
Indicó que serán precisamente estas leyes secundarias las que determinen el procedimiento administrativo mediante el cual se llevará a cabo la extinción del organismo y la transición hacia el nuevo esquema previsto en la reforma.
Navarro Alviso detalló que el plazo de 120 días contemplado en el decreto servirá para completar la validación constitucional a través de los cabildos municipales y para elaborar el marco normativo que dará origen al nuevo órgano garante, el cual se prevé que quede adscrito a la Contraloría General del Estado. Precisó además que su encargo como comisionado concluirá hasta el último día de operación de la CEGAIP, es decir, cuando la nueva instancia inicie formalmente funciones.
En cuanto al personal del organismo, informó que actualmente la comisión cuenta con 46 trabajadores con plaza de base, por lo que deberán respetarse sus derechos laborales y la antigüedad adquirida. Comentó que la institución solicitó una partida presupuestal para cubrir una eventual liquidación del personal, calculada en alrededor de 20 millones de pesos hacia finales de 2025; sin embargo, ese recurso no fue autorizado por el Congreso del Estado.
Aun así, señaló que el monto podría modificarse conforme avance el proceso de entrega-recepción. Consideró que una alternativa viable sería incorporar a los trabajadores con experiencia al nuevo órgano garante, con el fin de mantener el conocimiento técnico en materia de transparencia y acceso a la información.
Respecto al funcionamiento actual del organismo, Navarro Alviso explicó que el pleno opera únicamente con dos comisionados, debido a que no se designó reemplazo tras la conclusión del periodo de una integrante. En ese contexto, señaló que el voto de calidad de la presidencia ha permitido mantener la toma de decisiones.
Finalmente, apuntó que el plazo de la reforma concluye el 30 de junio, mientras que el periodo de la otra comisionada termina el 24 de ese mismo mes, por lo que no descartó que, si el proceso de extinción se prolonga, él pudiera quedar temporalmente como único integrante del pleno antes de que se concrete la transición institucional.
