San Luis Potosí, S.L.P., viernes 07 de agosto de 2026.- Los 59 municipios de San Luis Potosí serán sometidos a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, proceso que podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso denuncias penales si los ayuntamientos no logran solventar las observaciones detectadas.

Aureliano Hernández Palacios Cardel, personal de la ASF, explicó que esta semana comenzó formalmente el procedimiento con los municipios que atendieron el llamado de la autoridad fiscalizadora, mientras que aquellos que no acudieron deberán establecer posteriormente un mecanismo para formalizar el inicio de sus respectivas auditorías.

El funcionario señaló que la revisión forma parte de un ejercicio nacional mediante el cual la ASF fiscalizará alrededor de 11 billones de pesos ejercidos por los tres niveles de gobierno. En el caso de los municipios, los recursos sujetos a revisión dependen, entre otros factores, de las participaciones federales, las fórmulas de distribución per cápita y las aportaciones correspondientes al Ramo 33.

Uno de los principales focos de atención serán los documentos que acrediten el destino de los recursos públicos. Hernández Palacios Cardel advirtió que una de las deficiencias recurrentes en los gobiernos municipales es la falta de comprobantes suficientes para demostrar cómo se ejerció el dinero.

Por ello, llamó a los ayuntamientos a mantener un expediente completo de sus operaciones, desde la recepción de los recursos hasta su aplicación, además de conservar evidencia que permita acreditar la ejecución de obras, adquisiciones y demás gastos, incluida documentación fotográfica cuando corresponda.

La fiscalización se apoyará en una plataforma de información en la que los municipios deberán proporcionar datos relacionados con compras, contratos de obra pública y nómina. Esta información será confrontada con bases de datos federales para identificar posibles inconsistencias y determinar los niveles de riesgo de cada operación.

Los resultados de las revisiones municipales serán incorporados al tercer informe de la Cuenta Pública 2025, que deberá ser entregado a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero de 2027.

Una vez notificadas las observaciones, los municipios tendrán oportunidad de presentar documentación y argumentos para solventarlas. Sin embargo, aquellos casos en los que no se logre acreditar el correcto uso de los recursos podrían avanzar hacia procedimientos de responsabilidades.