Atiende Corte Interamericana de Derechos Humanos caso García Andrade y otras Vs. México

Se analiza la responsabilidad del Estado ante investigaciones por violencia de género.

Por

Ernesto García

- jueves, marzo 27 de 2025

San Luis Potosí, jueves 27 de marzo de 2025.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró este miércoles la audiencia pública del caso García Andrade y otras Vs. México, un proceso que analiza la responsabilidad del Estado mexicano en la investigación de la desaparición y asesinato de Lilia Alejandra García Andrade en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El caso, presentado ante el tribunal por los representantes de la parte actora, se centra en la presunta falta de diligencia en la investigación y en el acceso a la justicia para los familiares de la víctima. Durante la audiencia, se expusieron testimonios y alegatos que presentaron distintos puntos de vista sobre las acciones y omisiones del Estado en el proceso.

Por su parte, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en algunos aspectos del caso y argumentó las medidas implementadas para atender este tipo de situaciones y fortalecer el sistema de procuración de justicia en el país. Asimismo, expuso su postura respecto a las acciones emprendidas en materia de derechos humanos y prevención de la violencia de género.

Al finalizar la sesión, la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, estableció que las partes tienen hasta el 25 de abril de 2025 para presentar sus alegatos principales por escrito. Esta fase permitirá a ambas partes profundizar en sus argumentos antes de que el tribunal emita una resolución definitiva.

La sentencia que derive de este caso podría sentar un precedente en la región sobre la responsabilidad de los Estados en la investigación de casos de violencia de género y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

En los próximos meses, la resolución de la Corte IDH será clave para conocer las implicaciones legales y las posibles medidas que el Estado mexicano deberá adoptar en caso de que se determinen violaciones a derechos humanos.