San Luis Potosí, S.L.P., martes 11 de noviembre de 2025.- El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó en sesión ordinaria la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud estatal para tipificar como delito las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor de un total de 25, mientras que dos legisladores decidieron no participar en la votación.

Con la presencia de distintos colectivos, integrantes de la comunidad LGTBIQ mismos que pidieron al legislativo, manifestar su voto a favor y festejaron, una vez que concluyó la votación, la decisión de legislativo estatal.

Con esta reforma, se adiciona el Capítulo VIII al Título Cuarto del Código Penal, bajo el nombre “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, así como los artículos 190 Bis y 190 Ter. De acuerdo con lo aprobado, quienes realicen, apliquen, impartan o financien tratamientos o terapias que pretendan “corregir” la orientación sexual o expresión de género de una persona podrán recibir penas de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El dictamen también contempla agravantes en los casos en que las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, duplicando las sanciones previstas.

Finalmente si las prácticas son realizadas por familiares, docentes, empleadores, médicos o personas con autoridad sobre la víctima, las penas también se incrementarán.

La reforma establece que bastará con la presentación de una denuncia para iniciar una investigación sobre estas prácticas, y que la reparación del daño deberá considerar el impacto al libre desarrollo de la personalidad de la víctima.

En el ámbito de la ley de Salud, se añadió el artículo 380 Ter a la Ley de Salud estatal, que impone sanciones y suspensiones de uno a tres años en el ejercicio profesional a médicos o personal de salud que participe en dichas prácticas.

Durante la sesión, legisladores señalaron que la medida busca proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBT+, garantizando que ninguna persona sea forzada o influida para cambiar su orientación sexual o identidad de género.