Ciudad de México, miércoles 12 de noviembre de 2025.– La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de frenar los abusos de bancos e instituciones financieras en la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito, en beneficio de más de 40 millones de usuarios en el país.

En una sesión que duró apenas 30 minutos, los legisladores avalaron en fast track la propuesta presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, con 467 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Las modificaciones establecen que las instituciones financieras no podrán cobrar comisiones por servicios, seguros, membresías o beneficios adicionales que no estén expresamente autorizados por los clientes en el contrato de adhesión. Asimismo, las entidades emisoras deberán garantizar información clara, veraz y suficiente sobre los costos y comisiones de sus productos financieros.

Uno de los puntos centrales de la reforma es que los bancos estarán obligados a ofrecer mecanismos accesibles para la cancelación de tarjetas de crédito o débito, disponibles de manera presencial, telefónica o digital. En el caso de las plataformas en línea, las aplicaciones bancarias deberán incluir un botón visible que permita realizar el trámite las 24 horas, los 365 días del año.

Además, se establece que las cancelaciones deberán efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles sin costo alguno para el usuario, quedando prohibido cualquier cargo, comisión o penalización. La finalización del contrato deberá constar mediante comprobante físico o digital.

Otro cambio relevante indica que la emisión de tarjetas sin el consentimiento del usuario será considerada nula de pleno derecho, mientras que los bancos no podrán generar cargos por anualidad ni reportar al Buró de Crédito los historiales de clientes que no utilicen sus plásticos.

Las reformas también refuerzan la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que deberán supervisar y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.