Morena y aliados impusieron nuevamente su mayoría calificada en el Pleno del Senado de la República para aprobar, en lo general, la sexta reforma constitucional del llamado Plan C, esta vez en materia energética que desarticula la del expresidente Enrique Peña Nieto, del 2013.

El dictamen que reforma la Constitución y busca fortalecer las capacidades del Estado en áreas de carácter estratégico como el sector energético, el servicio de Internet y el aprovechamiento del litio, fue aprobado 86 votos a favor, 38 en contra de la oposición y una abstención.

El proyecto de decreto modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, es decir, devolverle al Estado mexicano el control estratégico sobre la producción energética.

En esencia, elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” que la reforma energética de Peña Nieto había modificado por “paraestatales” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.

Precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, destacó que el proyecto busca asegurar servicios públicos, baratos, accesibles y de calidad. De esta forma, el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el Internet no serán objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados, sino bienes y recursos al servicio del desarrollo nacional, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, resaltó que esta reforma es un paso firme para la consolidación de un Estado constitucional de bienestar, y para el fortalecimiento de la soberanía energética de México, al priorizar el control estatal sobre recursos estratégicos como el litio, la electricidad y el Internet.