San Luis Potosí, S.L.P., domingo 14 de diciembre de 2025.– Con 19 votos a favor y ocho en contra, el Congreso del Estado aprobó la reforma electoral propuesta por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), en una sesión marcada por la división entre las fuerzas políticas y el debate sobre si estas decisiones debían adoptarse antes de que se defina la reforma electoral nacional.

El dictamen avanzó pese al rechazo total de la bancada de Morena, así como de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Rubén Guajardo Barrera y Marcelino Rivera Hernández, quienes votaron en contra al considerar que temas como la paridad y la definición de género en candidaturas deben resolverse desde el ámbito federal.

Tras la votación, Rubén Guajardo sostuvo que México es una federación y que la estrategia para cargos como las 17 gubernaturas debe ser definida por los partidos políticos nacionales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), y no por los congresos locales.

Señaló que imponer reglas desde lo local podría desarticular la estrategia político-electoral de los partidos nacionales. “Estamos a favor de la paridad, pero creemos que estas decisiones deben tomarse a nivel nacional y no en los congresos estatales”, afirmó.

El legislador panista subrayó que la reforma aprobada en San Luis Potosí representa apenas un primer paso, ya que aún está pendiente la reforma político-electoral federal, cuyo contenido y alcances todavía no se conocen. Advirtió que los cambios que eventualmente se aprueben en el Congreso de la Unión podrían obligar a una nueva armonización de la legislación local.

En cuanto al contenido del dictamen, la reforma contempla modificaciones a la Constitución local y a la Ley Electoral del Estado con el argumento de fortalecer la democracia, avanzar en la igualdad sustantiva y consolidar la paridad de género, particularmente en cargos como la gubernatura y las presidencias municipales, donde persisten rezagos históricos.

Entre los ajustes aprobados destaca el cambio al calendario electoral, al establecer que el proceso comicial inicie el 15 de noviembre del año previo a la jornada electoral.

También se incluye la remuneración para quienes integran las comisiones distritales y los comités municipales, así como un procedimiento sumario para la revocación de nombramientos.

El dictamen incorpora además disposiciones para evitar retrasos en la entrega de materiales electorales, optimizar recursos y mejorar la operación de los procesos electorales en la entidad.

Guajardo Barrera señaló que cualquier posible acción de inconstitucionalidad correspondería a la dirigencia nacional del PAN y que el futuro de la reforma dependerá no solo de una eventual revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de las definiciones que se adopten en la reforma electoral federal.

Por su parte el diputado morenista Roberto García Castillo señaló que la postura de su partido responde a una visión nacional basada en la decisión popular y en los métodos internos de Morena, particularmente las encuestas, mecanismo que dijo permite que la ciudadanía sea quien defina finalmente a las y los candidatos. “Al final de cuentas, el pueblo es el que toma la decisión final”, sostuvo.

García Castillo subrayó que Morena cuenta actualmente con perfiles de hombres y mujeres en las 17 entidades federativas con posibilidades reales de competir, por lo que consideró innecesario imponer restricciones adicionales desde lo local.

Rechazó que la postura de su bancada contradiga la agenda de paridad de género y recordó que Morena ha sido pionero en ese tema, al destacar que el país cuenta con una presidenta de la República emanada de ese movimiento.

El legislador advirtió que algunas disposiciones pueden generar rechazo social si se perciben como limitantes del derecho al voto, por lo que insistió en que la esencia del partido es permitir que sea la ciudadanía quien decida. Aclaró además que no existió una línea rígida desde la dirigencia nacional, sino una actuación alineada a los principios del movimiento y al trabajo legislativo, en comunicación permanente con su dirigencia.