Aprueba Congreso la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada

La nueva fiscalía contará con personal ministerial, policial y pericial.

Por

Ernesto García

- martes, febrero 17 de 2026

San Luis Potosí, S.L.P., martes 17 de febrero de 2026.– Con 24 votos a favor el Congreso del Estado de San Luis Potosí avaló la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, como parte de reformas a la legislación estatal en la materia y que arrastraban desde 2018.

La medida implica modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la normativa estatal sobre desaparición de personas, con el objetivo de sustituir la actual unidad especializada por una fiscalía con mayor estructura, atribuciones y recursos para la investigación de estos delitos.

De acuerdo con el dictamen, la creación de esta instancia responde a la obligación establecida en la ley general federal, que exige a las fiscalías estatales contar con áreas especializadas que impulsen la búsqueda de personas desaparecidas y la persecución penal de estos ilícitos.


La nueva fiscalía contará con personal ministerial, policial y pericial, además de unidades de análisis de contexto, atención a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, así como un área enfocada en delitos cibernéticos. Para su operación inicial, el presupuesto estatal 2026 contempla una asignación de 4 millones 696 mil 305 pesos.


Asimismo, legisladores señalaron que la reforma busca cumplir compromisos internacionales adquiridos por México, entre ellos la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Durante la discusión, el diputado Marco Gama, de Movimiento Ciudadano, manifestó el respaldo de su bancada al dictamen, al considerar que la desaparición de personas representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos y requiere instituciones sólidas, capacitación especializada y coordinación interinstitucional.