San Luis Potosí, S.L.P., lunes 16 de noviembre de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 12 de la Constitución Política de San Luis Potosí, con la que se reconoce expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y, cuando no puedan hacerlo por circunstancias que pongan en riesgo su integridad, a ser incorporados a un nuevo núcleo familiar mediante la adopción.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, a partir de una iniciativa presentada por la diputada Mireya Vancini Villanueva, y tiene como finalidad armonizar la legislación estatal con la Constitución federal en materia de protección de los derechos de la niñez.
La modificación establece que la adopción debe funcionar como una medida de restitución de derechos para menores que carecen de cuidados parentales, bajo el principio del interés superior de la niñez, que deberá prevalecer por encima de los deseos o intereses de las personas adultas.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al cierre de 2023 había 81 menores de edad que habitaban en centros de asistencia social del DIF; de ellos, 70 se encontraban en proceso de adopción y 56 eran considerados susceptibles de ser adoptados.
Asimismo, durante ese año se registraron 335 niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años en su base de datos, de los cuales 209 concluyeron su proceso de adopción.
Con esta reforma, se establece que el Estado deberá garantizar el derecho de la niñez a desarrollarse en un entorno familiar, así como el acceso a condiciones que permitan satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.
También se establece que el principio del interés superior de la niñez deberá orientar el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas públicas, además de todas las decisiones y actuaciones de las autoridades.
Finalmente, la modificación señala que padres, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos, mientras que las autoridades deberán generar las condiciones necesarias para proteger la dignidad de niñas, niños y adolescentes y facilitar la participación de particulares en la garantía de sus derechos.