San Luis Potosí, S.L.P., Viernes 09 de octubre de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 122 Bis de la Constitución de San Luis Potosí, mediante la cual el Congreso del Estado estableció nuevos requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El recurso quedó registrado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el expediente 130/2026 y señala como autoridades demandadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí. El asunto fue turnado a la ministra María Estela Ríos González para su instrucción y corresponderá al Pleno de la Corte resolverlo.
La impugnación corresponde al Decreto 0589, publicado el 2 de septiembre, que sustituyó el esquema anterior —que vinculaba los requisitos de la Fiscalía con los establecidos para integrar el Supremo Tribunal de Justicia— por un catálogo específico de condiciones. Entre ellas se encuentran tener al menos 35 años, contar con título y cédula profesional en Derecho con cinco años de antigüedad, acreditar residencia de dos años en el estado y experiencia profesional mínima de cinco años.
La reforma también establece que la persona titular de la Fiscalía permanecerá siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y fija restricciones relacionadas con antecedentes por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos sexuales, adeudos alimentarios, sanciones administrativas graves e inhabilitaciones para ejercer funciones públicas.
Además, se establecieron impedimentos de carácter político para quienes hayan ocupado la gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal durante el año previo a la designación, así como para quienes hayan sido dirigentes de un partido político durante los tres años anteriores.
El decreto incorporó finalmente un artículo transitorio para establecer que las nuevas condiciones no tendrían efectos retroactivos sobre la actual fiscal, María Manuela García Cázares, quien continuaría en el cargo bajo las condiciones vigentes cuando asumió. Este apartado generó diferencias durante el trámite legislativo, luego de que circulara una versión del dictamen en la que había sido eliminado antes de ser reincorporado en el decreto publicado.
Hasta ahora, la información pública del expediente 130/2026 confirma la presentación de la acción y su turno ante la SCJN, pero no permite conocer qué disposiciones concretas fueron impugnadas ni los conceptos de invalidez planteados por la CNDH. La reforma fue aprobada por el Congreso con 17 votos a favor y seis en contra, recibió el respaldo de 36 ayuntamientos y ahora será sometida a revisión constitucional por la Suprema Corte.
