San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 18 de marzo de 2026.– A semanas de que venza el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado de San Luis Potosí perfila la contratación de una empresa encuestadora para realizar la consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, pese a que este tipo de firmas no cuenta con servicios especializados en este tipo de procesos.

El diputado Héctor Serrano Cortés informó que se analiza delegar el ejercicio a una compañía dedicada a estudios de opinión pública, bajo el argumento de garantizar la validez de los resultados. Entre las opciones consideradas se encuentra De las Heras Demotecnia, dirigida por Rodrigo Galván de las Heras.

No obstante, el perfil de la empresa muestra que su enfoque está centrado en estudios de percepción ciudadana, análisis de opinión pública y evaluación de confianza en instituciones, herramientas orientadas a medir tendencias, pero no a desarrollar consultas indígenas con base en estándares de derechos humanos.

La firma también realiza estudios de mercado y análisis cualitativos y cuantitativos para la toma de decisiones, sin que se identifiquen metodologías específicas para consultas previas, libres e informadas, que requieren mecanismos de participación directa, enfoque intercultural y procesos deliberativos en comunidades.

Pese a ello, Serrano Cortés señaló que la intención es que la empresa se encargue directamente del ejercicio, con el objetivo de reducir costos, luego de que la consulta anterior, que costó cerca de 9 millones de pesos, fuera invalidada por incumplimientos atribuibles al área jurídica del Congreso.

El legislador reconoció que aún no existe un presupuesto definido, por lo que será necesario gestionar recursos. Indicó que el costo dependerá de la definición de preguntas y del universo poblacional, aspectos que continúan en proceso.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, la SCJN emplazó al Congreso local a acreditar avances en estas consultas, derivadas de la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, lo que mantiene bajo presión al Poder Legislativo ante el inminente vencimiento del plazo.