San Luis Potosí, S.L.P., martes 29 de septiembre de 2026.- Integrantes de la comunidad de personas con discapacidad analizan recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones al artículo 13 de la Ley de las Personas con Discapacidad del Estado, aprobadas recientemente por el Congreso local.


La inconformidad se centra en que, de acuerdo con la activista Catalina Torres Cuevas, las reformas relacionadas con el derecho a la educación de las personas con discapacidad fueron aprobadas sin realizar previamente una consulta dirigida a este sector.


A través de una carta abierta dirigida a las diputadas y diputados locales, Torres Cuevas cuestionó que el Congreso haya modificado la legislación sin incorporar la participación directa de las personas que serán destinatarias de las disposiciones.


La activista señaló que el hecho de que una modificación legislativa tenga como propósito beneficiar a las personas con discapacidad no sustituye la obligación de consultarles sobre las medidas que pueden incidir directamente en sus derechos.


Recordó que el tema ya fue planteado durante las audiencias celebradas ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre pasado, donde, según expuso, se abordó la necesidad de evitar políticas diseñadas desde una perspectiva paternalista y sin considerar la opinión de las propias personas con discapacidad.


Torres Cuevas puso como ejemplo la situación de las personas sordas y con discapacidad auditiva. En su escrito cuestionó que alrededor del 90 por ciento de los mexicanos que nacieron sordos o adquirieron una discapacidad auditiva antes de aprender español sean analfabetas, y atribuyó parte del problema a la falta de mecanismos para conocer directamente sus necesidades educativas.“¿Y por qué no lo sabían? Porque no les han preguntado qué necesitan para aprender”, cuestionó en la carta dirigida al Congreso del Estado.


La activista sostuvo que una consulta directa a las personas con discapacidad auditiva habría permitido identificar necesidades específicas y, en consecuencia, plantear modificaciones legales distintas en materia de educación y accesibilidad.


Además, planteó que la comunidad sorda debe participar de manera efectiva en las decisiones legislativas y en el diseño de políticas públicas que incidan en sus derechos, en lugar de limitar las acciones gubernamentales a medidas de carácter asistencial.


Por ello, adelantó que buscarán las vías legales para cuestionar las modificaciones aprobadas por el Congreso y solicitar que se revise su constitucionalidad, particularmente por la ausencia de una consulta previa al sector directamente involucrado.