San Luis Potosí, S. L. P., lunes 20 de abril de 2026.– Los conflictos legales por la custodia y convivencia de menores continúan repitiéndose en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con reportes en municipios como Ciudad Valles, Aquismón, Xilitla y Tamazunchale, donde persisten problemáticas similares en los procesos judiciales, según la organización No Más Hijos Rehenes.

De acuerdo con José Uriel Medina Sánchez, delegado estatal de esta asociación, actualmente se tienen identificados al menos 10 casos en distintas zonas del estado, además de otros en la capital potosina. Todos, explicó, comparten un mismo patrón: disputas entre madres y padres que terminan afectando directamente a niñas y niños.

El representante subrayó que, si bien los conflictos involucran a ambos progenitores, las principales consecuencias recaen en los menores. Indicó que, durante los juicios familiares, han detectado irregularidades que influyen tanto en las resoluciones judiciales como en las condiciones en que se desarrollan las convivencias.

A esta situación se suma la denuncia de organizaciones civiles sobre presuntos episodios de maltrato infantil durante procesos de convivencia supervisada en juzgados. En el contexto de una manifestación a nivel nacional, Susana del Río, representante de la Fundación Internacional Granito de Arena en la entidad, señaló que estas prácticas ocurren dentro del propio sistema judicial.

La activista cuestionó la falta de un enfoque centrado en la niñez dentro de los procedimientos legales, así como la ausencia de condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los menores durante las audiencias.

Al respecto, Medina Sánchez evitó atribuir estas fallas a actos de corrupción o negligencia y consideró que el problema radica principalmente en la falta de capacitación de algunos jueces familiares. Señaló que existe desinformación en la impartición de justicia en esta materia.

Finalmente, aunque reconoció que recientemente se han incorporado nuevos juzgadores, advirtió que aún no hay certeza sobre su preparación para atender este tipo de casos, lo que mantiene la preocupación entre colectivos y familias afectadas.