San Luis Potosí, S.L.P., lunes 24 de noviembre de 2025.– Edgardo Gasca Moreno, responsable de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), alertó sobre las condiciones deficientes en las que operan los separos preventivos de distintos municipios de la Huasteca Potosina, así como el alto número de señalamientos contra elementos policiales por presunto abuso de autoridad. Estas fallas, señaló, representan un riesgo directo para la integridad y los derechos de quienes son detenidos por faltas administrativas.
El visitador explicó que la recomendación 003/2025 hace énfasis en la falta de mantenimiento y en la carencia de infraestructura adecuada en estos espacios, los cuales no cumplen con los requisitos mínimos para resguardar de manera digna a las personas detenidas. Indicó que varios de estos sitios presentan deterioro considerable, lo que impide garantizar condiciones básicas de seguridad e higiene.
Entre los municipios observados se encuentran Tancanhuitz y Matlapa, donde los separos no cuentan con áreas diferenciadas para hombres y mujeres. Esta situación ha obligado a las autoridades locales a improvisar espacios, como oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, para mantener bajo resguardo a los detenidos. Estas revisiones forman parte de un programa permanente encabezado por la Tercera Visitaduría de la CEDH, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que abarca a los 59 municipios del estado.
Gasca Moreno añadió que, además de los problemas en infraestructura, la Comisión ha detectado una cantidad considerable de quejas en contra de corporaciones policiacas y autoridades municipales, siendo la Guardia Civil la más señalada. Las denuncias se concentran principalmente en casos de abuso de autoridad y detenciones sin justificación, aunque también existen señalamientos en algunas dependencias educativas y administrativas.
Como ejemplo reciente, mencionó un caso ocurrido en Matlapa, donde un servidor público presuntamente amenazó con privar ilegalmente de la libertad a un ciudadano. Ante esta situación, la CEDH inició una queja de oficio y la presidencia municipal intervino para implementar medidas precautorias. La Comisión, afirmó, continuará con el monitoreo constante para atender cualquier irregularidad y, de ser necesario, emitir nuevas recomendaciones.