San Luis Potosí, S.L.P. martes 03 de febrero de 2026.– Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se manifestaron para denunciar lo que calificaron como omisiones, simulación institucional y falta de voluntad política del Gobierno del Estado en la atención de la crisis de desapariciones en San Luis Potosí en la presentación de un evento nacional.

Durante la protesta, Edith Pérez Rodríguez señaló directamente al Poder Legislativo y a la Fiscalía General del Estado por incumplir con la creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, obligación que recordó deriva de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada publicada en 2018.

Pérez Rodríguez desmintió el argumento oficial de falta de recursos y de la supuesta necesidad de armonizar la legislación estatal, al subrayar que el artículo 70 de la ley general establece un mandato claro para todas las entidades federativas. En ese contexto, criticó las declaraciones de la diputada Sara Rocha, quien aseguró que el Congreso tiene hasta noviembre de 2026 para responder un amparo federal interpuesto por el colectivo. “Para entonces ya estarán encima las campañas políticas y la fiscalía especializada nunca se va a crear”, advirtió.

La representante del colectivo reveló que, tras la reciente visita de la comisionada nacional de búsqueda, las familias colaboraron con el gobierno estatal para facilitar el acceso a más de 26 millones de pesos en recursos federales, de los cuales el estado sólo debe aportar el 15 por ciento.

No obstante, cuestionó la falta de transparencia en el uso de esos fondos, particularmente en contrataciones y logística, al tiempo que reprochó que, pese a ese presupuesto, las madres buscadoras sigan enfrentando condiciones de riesgo extremo durante las labores de campo.

“Salimos a buscar con camionetas a punto de desvielarse, sin seguridad, con ponchallantas y balaceras, y si nos dejan tiradas en medio de un campo de exterminio, seguimos a pie”, denunció. Añadió que intentó dialogar con el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres, sin obtener respuesta institucional, más allá de intercambios por mensajes de WhatsApp.

Uno de los señalamientos más graves fue la remoción de la licenciada Luz María Montes Mariano, titular de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, quien aseguró había sido la única funcionaria que mostró compromiso real con las víctimas en San Luis Potosí. Pérez Rodríguez afirmó que Montes Mariano fue degradada y reasignada al área de narcomenudeo, decisión que calificó como un retroceso y una afrenta directa a las familias. “No lo vamos a permitir, por eso estamos aquí”, sostuvo.

La activista también denunció la ausencia total de acompañamiento institucional durante las protestas, al señalar que no hubo presencia de seguridad pública, asesoría jurídica de la Comisión de Víctimas ni contacto alguno de las autoridades. A esto se suma la falta de agendas para realizar exhumaciones, con familias que llevan más de dos años esperando recuperar los restos de sus seres queridos.

“Dos años esperando para ir por lo que queda de mi hermano. Díganme cuándo voy a poder entregarle ese cuarto a mi madre”, expresó entre reclamos, al cuestionar la designación de funcionarios sin acreditación ni exámenes de control y confianza para ocupar cargos clave en la atención de desapariciones.

Finalmente, Edith Pérez Rodríguez acusó deslealtad y falta de ética en quienes aceptan cargos sin contar con la preparación ni el compromiso necesarios, y reiteró que el colectivo continuará manifestándose hasta que se garanticen condiciones dignas, justicia y verdad para las familias de personas desaparecidas en el estado.