San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 19 de noviembre de 2025.– Las académicas Edith Argüelles y Sugey Tristán cuestionaron la legitimidad del proceso mediante el cual el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho seleccionó la terna que competirá por la dirección del plantel.

Ambas señalaron que el procedimiento se realizó sin claridad, con falta de notificaciones oficiales y posibles incumplimientos a la convocatoria.

Argüelles afirmó que la sesión del Consejo, realizada recientemente, dejó dudas sobre el apego a la normatividad interna. “Se presentaron algunas irregularidades, y no sé si el proceso se llevó al pie de la letra de la convocatoria”, expresó.

Por su parte, Tristán señaló que quienes se inscribieron al proceso se enteraron de la integración de la terna a través de publicaciones en medios de comunicación, y no mediante los canales institucionales. “Cerca de las 11 de la noche nos enteramos por medios sobre la elección de la terna y la adjudicación de un espacio a una de las compañeras”, explicó.

La académica agregó que, aunque aún se encuentran en el periodo en el que deberían recibir notificaciones oficiales, no han sido informadas de las razones por las que quedaron fuera. “No se nos dio la posibilidad de conocer por qué no fuimos seleccionadas ni de proceder ante la negativa”, señaló.

Tristán también vinculó este episodio con otras problemáticas internas que —dijo— se han evidenciado tras el caso de violencia sexual denunciado por una alumna. Afirmó que existen dinámicas arraigadas de discriminación y violencia política de género hacia académicas de la facultad.

“Quienes estamos aquí hemos sido víctimas de violencia política en razón de género. A partir de lo sucedido ayer, también se abren nuevas negaciones, como la posibilidad de integrar la terna y ni siquiera recibir las razones por las que no fuimos consideradas”, sostuvo.

Finalmente señaló preocupación por la posible injerencia de actores externos en el proceso de selección. “Desconocemos si hay perfiles partidistas, pero la información que circula públicamente genera dudas y puede vulnerar la autonomía universitaria”, dijo.

Añadió que su exigencia no busca asegurar cargos para ninguna persona en particular, sino garantizar que el procedimiento sea transparente y respete el estatuto.