San Luis Potosí, S.L.P., martes 8 de julio de 2025.– El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE) lanzó un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga en el prolongado conflicto laboral que mantiene con el gobernador Ricardo Gallardo, a quien acusan de negarse a resolver demandas justas y de utilizar las mesas de trabajo como instrumentos para dilatar, desgastar y evadir soluciones concretas.

En conferencia de prensa, la secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, sostuvo que el sindicato mantiene una disposición al diálogo institucional, pero rechazó cualquier intento de sometimiento político o manipulación jurídica.

“No pedimos privilegios ni concesiones; solo exigimos el cumplimiento de la normatividad laboral. La omisión de soluciones a nuestras demandas confirma la nula voluntad del gobernador de resolver”, sentenció.

A tres meses de haber iniciado las reuniones con el Ejecutivo estatal, afirmó, no se ha resuelto ninguna de las exigencias del gremio, lo que a su juicio confirma el desdén con el que se trata a las y los trabajadores desde el poder.

Reséndiz Lara subrayó que, aunque el SITTGE aún no cuenta con la toma de nota oficial documento que otorga reconocimiento legal a los sindicatos su legitimidad emana directamente de la voluntad de las y los trabajadores, quienes lo constituyeron como una respuesta frente al abandono institucional y los abusos laborales.

“No somos enemigos del gobierno. Somos trabajadores, y hay una ley que debe cumplirse. Si decir la verdad y exigir justicia nos convierte en adversarios, entonces el poder está siendo mal utilizado”, expresó.

Durante su intervención, la lideresa sindical denunció también que continúa la presión ejercida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre trabajadores del estado, a quienes se les exige no solo afiliarse al partido, sino también registrar a familiares y mantener actividad diaria en redes sociales en apoyo a sus publicaciones.

“Ahora no basta con que los trabajadores se afilien; también deben registrar a familiares y dar ‘like’ todos los días a publicaciones del partido. Hay personal revisando quién cumple y quién no”, denunció.

Calificó esta práctica como un mecanismo de control político a través de la estructura laboral del gobierno, incompatible con cualquier forma de legalidad democrática y respeto a los derechos humanos.