San Luis Potosí, S.L.P., domingo 16 de agosto de 2026.- El desempeño de los jueces que asumieron el cargo tras la reforma judicial debe ser sometido a una revisión estricta, pues existen juzgados familiares y civiles de San Luis Potosí donde persisten deficiencias en la conducción de los procesos, advirtió Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad.

Ante la aplicación del examen de conocimientos teóricos, prácticos y de desempeño a los 64 jueces electos, el representante de los litigantes consideró que la evaluación representa una oportunidad para detectar a quienes no cuentan con la preparación necesaria para continuar al frente de los órganos jurisdiccionales.

Aunque calificó como positivo que se someta a los juzgadores a una evaluación, consideró insuficiente el mínimo aprobatorio establecido, que será de 80 por ciento o 8.5. A su juicio, debería exigirse una calificación de al menos nueve para garantizar que quienes permanezcan en el Poder Judicial del Estado tengan los conocimientos necesarios.

Torres Salazar sostuvo que, particularmente en los juzgados familiares, se han identificado problemas en la emisión de acuerdos y sentencias, lo que, dijo, genera retrasos y criterios jurídicos inadecuados que terminan afectando a quienes recurren a los tribunales.

“Los jueces familiares han tenido un total desorden en el funcionamiento de sus juzgados y en el funcionamiento de ellos mismos porque no tienen los criterios adecuados para dictar sentencias y dictar acuerdos”, afirmó.

El abogado señaló que las deficiencias también se han presentado en algunos juzgados civiles. Como ejemplo, mencionó al Juzgado Primero Civil, donde cuestionó actuaciones atribuidas a la jueza Beatriz Alejandra Íñiguez Ruvalcaba y al secretario de acuerdos, José Joaquín Blanco Sandate.

De acuerdo con Torres Salazar, en un expediente en particular se habría omitido dar trámite a una excepción de falta de personalidad y a un incidente promovido por una de las partes, situación que posteriormente derivó en la presentación de un recurso de queja.

El representante de los abogados sostuvo que la rapidez con la que se resolvió posteriormente dicho recurso contrasta con la atención que reciben otros asuntos y cuestionó que, desde su perspectiva, determinadas actuaciones procesales pudieran favorecer a una de las partes.

Torres Salazar también acusó que algunos criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estarían siendo observados por determinados juzgadores, pese a su obligación de atender los criterios jurídicos aplicables.

Ante estas situaciones, informó que promovieron un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina para que se revisen las actuaciones de los funcionarios señalados y, en su caso, se determinen responsabilidades.

Por ello, consideró que la evaluación anunciada para los 64 jueces debe ir más allá de una prueba de conocimientos y contemplar de manera efectiva su desempeño dentro de los juzgados. Quienes no acrediten capacidad jurídica o incurran en irregularidades, sostuvo, no deberían permanecer en el cargo.

El dirigente de los abogados insistió en que el objetivo debe ser garantizar un Poder Judicial con juzgadores preparados y capaces de aplicar correctamente la legislación, evitando que las deficiencias en su desempeño terminen afectando el acceso de los ciudadanos a la justicia.