San Luis Potosí, S.L.P., domingo 20 de septiembre de 2026.- A menos de dos meses de que concluya el año, el Congreso del Estado todavía no cuenta con los recursos necesarios para realizar la consulta a personas con discapacidad que debe llevar a cabo por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Poder Legislativo solicitó a la Secretaría de Finanzas alrededor de 1.5 millones de pesos para organizar este ejercicio, por lo que actualmente se encuentra a la espera de que los recursos sean autorizados y entregados.
La intención es contar con el presupuesto antes de noviembre, debido a que el Congreso requiere tiempo para desarrollar las distintas etapas de la consulta y atender los requerimientos establecidos por la Suprema Corte.
El escenario implica que, pese a tratarse de una obligación derivada de una resolución judicial, el Congreso todavía no tiene garantizados dentro de su presupuesto los recursos necesarios para cumplirla, por lo que tuvo que recurrir a una solicitud adicional ante la Secretaría de Finanzas.
Desde el Legislativo se ha señalado que Finanzas ha mantenido disposición para atender sus requerimientos presupuestales y que, a diferencia de años anteriores, los recursos ordinarios correspondientes al Congreso han sido entregados oportunamente.
Sin embargo, también se reconoce que la disponibilidad de recursos depende de los ingresos del Gobierno del Estado, por lo que el presupuesto solicitado para llevar a cabo la consulta permanece pendiente de autorización.
Los aproximadamente 1.5 millones de pesos corresponden exclusivamente a la consulta dirigida a personas con discapacidad. El Congreso aclaró que este ejercicio es independiente de una eventual consulta a población indígena, para la cual sería necesario disponer de recursos adicionales.
Ante esta situación, el Legislativo contempla incorporar desde el presupuesto de 2027 los recursos necesarios para atender este tipo de obligaciones, con el propósito de evitar que durante el ejercicio fiscal tenga que solicitar ampliaciones presupuestales.
El Congreso deberá ahora obtener los recursos y realizar la consulta dentro de los tiempos disponibles para cumplir con el mandato de la Suprema Corte, mientras el presupuesto para llevarla a cabo continúa pendiente de autorización.
