La difusión sin tachaduras del informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia en Caso Ayotzinapa -que preside el subsecretario de gobernación Encinas-, por Peniley Ramírez, “Ayotzinapa el encubrimiento”, (Reforma, sept. 26) provoca indignación: revela no solo vínculos de narcotraficantes, mandos militares y autoridades civiles de los 3 órdenes de gobierno, desde antes de la desaparición de los 43 estudiantes (entre estos, un soldado encubierto). Sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Gro. (normalistas y soldado fueron interceptados por policías municipales cuando se dirigían a Iguala, y entregados por éstos a “Guerreros Unidos” (GU), al ser confundidos con rivales, “Los Rojos”). Casi todos “fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche (hay descripciones atroces).

Los criminales de GU pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo… Cuando amaneció, 6 jóvenes seguían vivos. Los asesinaron días después, por órdenes del coronel (hoy general) José Rodríguez Pérez (lo acusa un sicario soplón protegido)”. “El alcalde de Iguala, José Luis Abarca (capo, multiasesino), dijo que no quería ningún estudiante vivo…”. “En los chats, criminales, funcionarios y militares hablan de cómo desenterrar cuerpos para llevarlos al 27º Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie…” Con este informe surgen más líneas de investigación sobre la atroz tragedia, más enmarañada que nunca.

El informe incluye un reporte de la DEA, de Estados Unidos, sobre indicios de que integrantes de “GU” sostenían reuniones con elementos del Ejército, la Marina y las Policías de Iguala y de Cocula desde medio año antes de la desaparición de los estudiantes, según transcripciones de comunicaciones intervenidas de 8 miembros de GU, que se dijo acreditan el delito de delincuencia organizada. Ese gobierno entregó a la FGR copia de conversaciones, parte de un proceso en Cortes de Chicago, contra miembros de esa mafia, por tráfico de heroína.

En paralelo corrió la investigación del Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para caso Ayotzinapa, Omar Gómez, quien investigó desde junio de 2019, e incluyó declaraciones de delincuentes excarcelados por supuesta tortura, hoy testigos protegidos. Solicitó 83 órdenes de aprehensión que le fueron concedidas por el juez. Pero hoy el Fiscal General, Gertz, ante chantaje del Secretario de la Defensa, pidió cancelar 21 de éstas, de las cuales 16 son contra militares acusados de delincuencia organizada; incluyendo la de comandantes del 41º y 27ª  batallones de infantería; éste último supuestamente mandó matar a los 6 normalistas que quedaban vivos. El fiscal Gómez recién renunció a seguir investigando y litigando, por perversión gubernamental.

Repudiemos el manoseo político de la tragedia desde Peña Nieto y Murillo Karam. Ahora de López Obrador y su Fiscal Gertz, quienes cancelaron las órdenes de aprehensión, luego de que el secretario de la Defensa amenazó en Palacio Nacional: “si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles” (C. Loret). AMLO está entrampado (padeció ésta semana filtraciones graves sobre su salud física y mental, y publicación de libro sobre su corrupción). Los padres de normalistas reclamaron el 27 de septiembre, a 8 años de la tragedia, impunidad de militares.

 La desaparición forzada y asesinato de personas desde el poder, es gravísima violación a derechos humanos; frecuente en lugares con cultura de impunidad, hoy peor que nunca. Se combate con transparencia y rendición de cuentas de autoridades. Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada en México, constata un crecimiento exponencial de desaparecidos: ¡ya más de 100 mil! Atrocidades crecen sin una respuesta de López Obrador. Es un fracaso su lectura y no-respuesta. Ayotzinapa y las actuaciones de autoridades que le siguieron ¡nos avergüenzan! No las normalicemos. Exijamos verdad y justicia para todos: nos puede tocar.