Fue el pasado 24 de abril cuando víctimas de distintas violaciones a derechos humanos ante la falta de respuesta por Giovanna Argüelles, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decidieron tomar las instalaciones de este organismo y encadenar las instalaciones ante la denuncia de que los casos que mantenían en la comisión estatal fueron turnados a la comisión nacional.

Durante 2 meses distintas dependencias tanto federales como estatales trataron de negociar con los inconformes que mantienen tomadas las instalaciones sin resultados positivos, incluso en la última reunión acudieron representantes del gobierno federal, operadores del congreso del estado y el propio titular de la comisión estatal de atención a víctimas (CEAV), Miguel Ángel García Amaro, sin que fueran fructíferas las negociaciones.

Fue en la noche de este miércoles cuando se cerró la negociación entre las víctimas y representantes de las mismas quienes acordaron resolver el problema de falta de atención a los asuntos turnados a la CEDH por lo que inmediatamente comenzó el retiro de los inconformes quienes de a poco liberaron el acceso principal retirando lonas, candados y casas de campaña en donde por más de dos meses se mantuvieron bloqueadas las instalaciones de esta dependencia, misma que tuvo que atender en sedes alternas a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Por su parte, Giovanna Argüelles celebró la liberación del espacio e informó que como parte de las acciones que tienen por objetivo la protección y defensa de los derechos humanos, resulta fundamental garantizar el acceso de todas las personas para poder realizar las gestiones que requieran.

Informó además que se siguieron atendiendo todos los asuntos de la ciudadanía durante el tiempo que no se laboró en las instalaciones, y que se trabajará en resolver en el menor tiempo posible los expedientes de queja que pudieran resultar afectados por la toma del organismo autónomo.

Este miércoles personal de la comisión procedió a realizar la limpieza de los espacios que fueron afectados, retirando pintura, basura cordones y todo rastro vinculado con la toma de las víctimas, entre ellas, Silvia Castillo, madre de Alan, el joven que fue quemado vivo y Marichuy la primera mujer en San Luis Potosí, en ganar un proceso penal por acoso sexual contra un funcionario de gobierno.