Ante los hechos de inseguridad de las últimas semanas en San Luis Potosí en sitios donde se imparte justicia, el Poder Judicial del Estado no ha puesto en marcha un protocolo institucional para la protección del personal de seguridad, jueces y magistrados, no obstante que el Congreso del Estado le solicitó poner en práctica una serie de medidas que auxilien a quienes asisten y laboran en esos lugares, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social diputado Rubén Guajardo Barrera.
Recordó que desde el año pasado, se pidió a las autoridades correspondientes, que también se protegieran las instalaciones y archivos de los centros de reclusión, a fin de reducir la posibilidad de que los hechos de inseguridad comprometieran el trabajo que se desarrolla desde este tipo de espacios; se destacó en un comunicado de prensa.
Expuso el diputado que “con los recientes hechos de criminalidad, quedó en evidencia que el Poder Judicial es omiso al llamado que le hizo el Congreso del Estado, porque no ha aplicado los protocolos necesarios de seguridad”.
Tampoco ha expuesto un diagnóstico real sobre las condiciones de trabajo de quienes imparten justicia, “y hoy más que nunca, queda descubierto que se requieren tomar medidas preventivas para la protección del personal y además, para salvaguardar el patrimonio de los potosinos».
Señaló Rubén Guajardo que siempre es cuestionable la seguridad en los centros penitenciarios, porque están en una crisis global y su eficacia es discutible, además no solamente hay que proteger a quiénes están privados de su libertad, sino también a los que se encargan de la impartición de justicia.
