El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales de los que México es parte. Aunado a ello, las autoridades tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, en apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Sin embargo, al hablar de los derechos humanos de las personas migrantes en el país, la práctica dista mucho de lo que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales contemplan. En este sentido, surge la pregunta de por qué se cometen infinidad de violaciones y transgresiones a los derechos y garantías de este sector poblacional, aun cuando existe un marco normativo amplio para su protección.
Como refiere Rita Segato (2010), la ley como discurso permite dar nombre y describir el mundo como es y como debería ser. Permite una simbolización que da paso a la reflexión y esta, a su vez, permite la transformación. Sin embargo, las medidas legislativas por sí solas no son suficientes. Las violaciones a los derechos humanos de la población migrante continúan en virtud de la forma en que los instrumentos legales son aplicados o, en su defecto, de la omisión de los Estados en su aplicación.
En el caso de México, la impunidad afecta la efectividad de la ley. Por ejemplo, aun cuando la ley establece el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las y los migrantes, en 2019 se hablaba de una tasa de impunidad del 99 por ciento en delitos cometidos contra personas migrantes. Uno de los delitos más cometidos en contra de este sector poblacional es el abuso por parte de las autoridades en México, lo que permite que otros actores no estatales también atenten contra ellos (Impunidad Cero, 2019).
También, las violaciones a sus derechos continúan, ya que la misma ley contempla excepciones para la aplicación de ciertos derechos humanos a las y los migrantes (ACNUR, 2014). Esto permite un trato diferenciado y genera confusión sobre qué derechos sí tienen los no ciudadanos y cuáles no. Por ejemplo, con base en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay diferencias en lo relacionado con los derechos políticos, la libertad de circulación y el grado en que los derechos económicos deben ser garantizados a los no nacionales por parte de los países en desarrollo (ACNUR, 2014).
Si no se exceptuara la libertad de circulación, se podría haber evitado la muerte de 40 migrantes en un incendio mientras estaban en reclusión en el centro de migrantes de Ciudad Juárez en 2023.
Por último, como sostiene Bimal Ghosh (2008), en los ordenamientos jurídicos no se contempla a todos como sujetos de derechos, como es el caso de los no nacionales, de algunos refugiados y de cierta clase de trabajadores migrantes. La mayoría de los ordenamientos jurídicos que abordan los derechos humanos son omisos en contemplar a la población migrante, lo que la hace permanecer en un limbo judicial que dificulta que este sector pueda disfrutar de sus derechos e, incluso, que los grupos activistas luchen por ellos.
En conclusión, si bien es cierto que la ley es importante para poder conocer el problema de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, la simple emisión de leyes no soluciona la problemática. Se requiere una efectiva operatividad y aplicabilidad de las mismas, aunadas a la aclaración de que las excepciones a los derechos humanos no significan una supresión de estos y mucho menos una invitación a su transgresión. Quizá para lograrlo sea necesario modificar la concepción de derechos humanos, ya que desde su origen han sido pensados con base en ideales occidentales, para el hombre blanco, occidental, propietario, padre, letrado y heterosexual (Castro-Gómez, 2005). Esto solo repite el discurso del universalismo etnocéntrico, que dicta el trato que la población migrante debe recibir (Magliano, 2011) y deja fuera de protección a todos aquellos que no sigan tales ideales.
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Erika Berenice Cisneros Vidalest
