San Luis Potosí, SLP., viernes 23 de octubre del 2026.- Integrantes de colectivos y organizaciones civiles que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí advirtieron que no levantarán su protesta mientras Giovana Argüelles Moreno continúe al frente del organismo, al considerar que su administración ha incurrido en omisiones en la atención de víctimas de violaciones a derechos humanos.

Por su parte la abogada y activista Natalia Castillo, integrante del colectivo Vozes, reiteró que la salida de la presidenta de la CEDH constituye una exigencia que no está sujeta a negociación, por lo que las manifestantes mantendrán la ocupación de las instalaciones hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades.
Las inconformes también demandan la separación de la primera visitadora, Begoña Castillo, y de Miguel Carbajal Martínez, a quienes responsabilizan de presuntas irregularidades y deficiencias en la atención de personas que han acudido al organismo en busca de acompañamiento y protección de sus derechos.

El conflicto también alcanzó al Congreso del Estado, donde Natalia Castillo expresó su inconformidad con la actuación de los legisladores y calificó de “basura” al diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, además de confrontar a la diputada Brisseire Sánchez López por las omisiones que atribuye al organismo defensor.

Por su parte, Gama Basarte reconoció que el Congreso no cuenta con facultades para destituir directamente a la presidenta de la CEDH, aunque se comprometió a revisar las alternativas jurídicas para atender la exigencia de los colectivos, entre ellas la posibilidad de promover un juicio político.
Sin embargo, las manifestantes consideran insuficiente limitar la respuesta institucional a la revisión de expedientes y recomendaciones pendientes, pues sostienen que las deficiencias en la atención a víctimas se han acumulado durante años sin consecuencias para quienes encabezan la Comisión.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra el trato que, aseguran, reciben víctimas de violencia, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y colectivos de búsqueda, cuyos asuntos permanecerían rezagados, mientras que otros expedientes relacionados con funcionarios públicos han recibido atención más rápida.

En este contexto, el colectivo también prepara acciones legales, incluidas denuncias penales y una eventual solicitud de juicio político, con el propósito de que se investiguen las presuntas omisiones y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Natalia Castillo advirtió que, de no concretarse la salida de Argüelles Moreno, las manifestaciones podrían extenderse a otras oficinas, con lo que aumentaría la presión sobre las autoridades estatales.

Por ahora, la toma de las instalaciones de la CEDH continúa sin una fecha definida para su conclusión, mientras los colectivos mantienen como principal condición la destitución de su presidenta y de los funcionarios señalados, al considerar que resulta necesario un cambio en la conducción del organismo para recuperar la atención a las víctimas.