San Luis Potosí, S.L.P., viernes 23 de octubre de 2026.- Las personas que cuenten con una segunda nacionalidad tendrían que renunciar a ella si pretenden competir por la gubernatura de San Luis Potosí o alguna presidencia municipal, de acuerdo con una iniciativa presentada por el diputado de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 73 y 117 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para acceder a estos cargos de elección popular, lo que impediría que quienes tengan otra ciudadanía puedan registrarse sin antes renunciar a ella.
Además, la iniciativa establece que quienes ocupen la gubernatura o una presidencia municipal no podrán adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país ni solicitar protección diplomática de un gobierno distinto al mexicano.
Arreola Mallol justificó la modificación bajo el argumento de que quienes encabezan los poderes ejecutivos deben mantener una lealtad exclusiva al Estado mexicano, debido a las responsabilidades que desempeñan en materia de seguridad pública, administración de recursos, protección civil y conducción política.
El legislador sostuvo que la soberanía nacional corresponde al pueblo mexicano y consideró que el ejercicio de estos cargos requiere un compromiso que no permita conflictos derivados de una segunda nacionalidad.
La propuesta se presenta después de la aprobación de la reforma constitucional federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que establece restricciones de doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la iniciativa local también contempla extender este requisito a las presidencias municipales de San Luis Potosí.
Aunque la reforma federal comenzará a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028, el proyecto presentado por el diputado morenista plantea que las nuevas disposiciones estatales sean aplicables desde el proceso electoral de 2030, por lo que no afectarían las candidaturas de 2027.
En caso de aprobarse, el Congreso del Estado contaría con 180 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Electoral y demás disposiciones relacionadas, mientras que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el Tribunal Electoral del Estado tendrían que ajustar sus procedimientos para verificar el cumplimiento de los nuevos requisitos.
La iniciativa también establece que las restricciones no se aplicarían de manera retroactiva a quienes ya desempeñen alguno de estos cargos al momento de entrar en vigor la reforma.
