San Luis Potosí, S.L.P., jueves 15 de octubre de 2026.- Habitantes de comunidades ejidales de los municipios de Zaragoza y Matehuala denunciaron presuntas irregularidades en la transferencia de tierras de propiedad social a empresas privadas, así como afectaciones ambientales relacionadas con el desarrollo de proyectos inmobiliarios, industriales y carreteros en distintas regiones de San Luis Potosí.


Uno de los casos se registra en el ejido Cerro Gordo, perteneciente a Zaragoza, donde pobladores señalaron que el pasado 2 de octubre se entregaron 30 certificados parcelarios a ejidatarios, durante un acto en el que participaron representantes del Registro Agrario Nacional (RAN). Sin embargo, los documentos habrían sido retirados posteriormente por integrantes del comisariado bajo el argumento de que contenían errores administrativos que debían corregirse.


De acuerdo con las denuncias, los certificados no fueron devueltos a sus titulares y presuntamente fueron enviados al RAN para iniciar procedimientos que permitirían modificar el régimen de propiedad de los terrenos y facilitar su transferencia a empresarios interesados en desarrollar proyectos en la zona.


El conflicto tiene sus antecedentes en una asamblea ejidal realizada el 17 de diciembre de 2023, cuando se aprobó la creación de 107 parcelas sobre una superficie de mil 854 hectáreas. Los habitantes sostienen que previamente se promovieron contratos de promesa de compraventa y ofrecimientos económicos a los ejidatarios, que incluían depósitos mensuales de 10 mil pesos y pagos posteriores por la venta de sus tierras.


En este proceso, los denunciantes también cuestionaron la intervención de autoridades agrarias y ambientales, particularmente por las determinaciones administrativas que permitieron avanzar en la regularización de los terrenos, pese a tratarse de superficies identificadas con vegetación forestal.


La inconformidad aumentó el pasado 22 de julio, cuando se realizaron detonaciones con explosivos y trabajos de maquinaria en una zona de Cerro Gordo. Las actividades fueron vinculadas con las empresas JAGUAR S.A. de C.V. y HOGANZA S.A. de C.V., que, según la información difundida, contaban con autorizaciones estatales y federales para intervenir una superficie de 12 hectáreas.


Ante estos trabajos, habitantes de la comunidad se movilizaron para detener la maquinaria y solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que realizó dos clausuras relacionadas con modificaciones al uso de suelo forestal. También solicitaron una inspección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a la posible existencia de vestigios arqueológicos.


Los pobladores advirtieron que la zona podría destinarse a un complejo de desarrollos residenciales, instalaciones industriales, infraestructura logística y proyectos energéticos. Por ello, exigieron revisar los procedimientos agrarios y las autorizaciones ambientales antes de permitir nuevas intervenciones sobre el territorio.


Conflicto por obras carreteras en Matehuala

Una situación similar fue denunciada en el ejido San José de los Guajes y Anexos, en Matehuala, donde habitantes mantienen un conflicto con la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), por las afectaciones ambientales que atribuyen a los trabajos de construcción del Entronque 75-D.

El presidente del comisariado ejidal, José Guadalupe Quiroz Tovar, señaló que las obras han provocado desmontes y apertura de brechas en terrenos con vegetación nativa, por lo que solicitaron la intervención de Profepa, que realizó una inspección y colocó sellos de clausura el pasado 7 de octubre.


Según su testimonio, representantes vinculados con la empresa advirtieron sobre posibles acciones legales contra los ejidatarios que promovieron las denuncias, bajo el argumento de que cuentan con derechos sobre los terrenos y autorizaciones para ejecutar el proyecto.


El representante ejidal también cuestionó las condiciones en que se negociaron originalmente las tierras, al señalar que una administración anterior del comisariado habría aceptado una compensación de 50 pesos por metro cuadrado mediante una asamblea cuya legalidad es impugnada por los actuales representantes.


Como parte de la controversia, los ejidatarios promovieron el juicio de amparo 598/2026 ante el Juzgado Primero de Distrito, en el que obtuvieron una suspensión provisional el pasado 7 de abril. No obstante, denunciaron que durante julio continuaron los ingresos de maquinaria y personal para realizar desmontes en la zona.


Las afectaciones también alcanzan al ejido San Francisco, donde un dictamen técnico fechado el 28 de mayo de 2026 identificó daños en una superficie estimada de entre 150 y 170 hectáreas, así como 33 puntos de excavación y extracción de materiales pétreos.


El documento advierte sobre alteraciones a la estructura del suelo, fragmentación de hábitats y destrucción de vegetación, incluidas especies de cactáceas sujetas a protección especial conforme a la normativa ambiental mexicana.


Ambos conflictos han generado cuestionamientos sobre los mecanismos de protección de la propiedad ejidal y la supervisión ambiental de proyectos privados en San Luis Potosí, particularmente ante las denuncias de los habitantes sobre posibles irregularidades en las asambleas, los procedimientos de regularización de tierras y el cumplimiento de las autorizaciones correspondientes.


Hasta el momento, la información proporcionada por los denunciantes no permite establecer de manera definitiva la legalidad de las transferencias de propiedad ni la responsabilidad de las empresas y funcionarios señalados, aspectos que deberán esclarecer las autoridades agrarias, ambientales y judiciales competentes.