San Luis Potosí, S.L.P., martes 08 de septiembre de 2026.- Más de dos años después de su presentación, el Congreso del Estado mantiene sin una definición de fondo la iniciativa que busca garantizar al Poder Judicial de San Luis Potosí un presupuesto mínimo equivalente al 3 por ciento del gasto estatal, situación que motivó la presentación de un escrito para exigir que se deje de mantener “en un cajón” la propuesta presentada desde marzo de 2024.
La iniciativa plantea que la autonomía del Poder Judicial no sea únicamente constitucional, sino también presupuestaria, al establecer un piso mínimo de recursos que no pueda reducirse por decisiones políticas de cada ejercicio fiscal.
Sus promoventes advirtieron que el silencio legislativo también representa una decisión, pues mantiene a la justicia sujeta a la voluntad de la mayoría política que cada año aprueba el presupuesto estatal.
Entre 2016 y 2026, el presupuesto general del estado aumentó 78 por ciento, mientras que los recursos asignados al Poder Judicial crecieron apenas 48 por ciento. Actualmente, este poder recibe menos de dos centavos por cada peso del gasto público estatal, pese a enfrentar una carga de trabajo que se ha mantenido elevada.
La propuesta inicialmente fue presentada por la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero y José Mario de la Garza durante la legislatura pasada, misma que contempla adicionar un tercer párrafo al artículo 92 de la Constitución estatal.
En julio de 2024, durante su análisis en la Comisión de Hacienda del Estado, se reconoció que inicialmente se había desechado sin entrar al fondo de la propuesta, debido a cuestionamientos sobre la participación de un ciudadano como promovente, por lo que se acordó solicitar a la Secretaría de Finanzas una opinión técnica sobre su impacto presupuestal y viabilidad, sin que volviera a tocarse el tema de la iniciativa.
El proyecto que busca ser rescatado establece que el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al 3 por ciento del presupuesto general del estado y plantea que su incremento anual sea, al menos, equivalente al crecimiento registrado por el gasto estatal.
