San Luis Potosí, S.L.P., sábado 29 de agosto de 2026.- Un juez federal ordenó la restitución inmediata de viviendas y predios a familias indígenas de La Peña, en Tampamolón Corona, como parte de un proceso judicial relacionado con el conflicto territorial que mantienen desde hace más de tres décadas.
La determinación deriva del Incidente de Suspensión 405/2026, promovido ante el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Ciudad Valles y posteriormente modificado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, informó que la suspensión inicialmente concedida de manera provisional tuvo efectos restitutorios y posteriormente fue ratificada con carácter definitivo.
El conflicto se agravó en junio pasado, cuando un operativo para desalojar a las familias del predio involucró a elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Ministerial y civiles armados, de acuerdo con las denuncias presentadas por habitantes de la comunidad.
Las familias afectadas, principalmente de los pueblos tének y nahua, denunciaron durante esos hechos agresiones y daños a sus viviendas y cultivos, además del desalojo de más de un centenar de familias.
La resolución federal establece también restricciones para las actuaciones de diversas autoridades que intervienen en el expediente, entre ellas el Juez de Control de Tancanhuitz, agentes del Ministerio Público, elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Investigadora y Policía Municipal.
Como parte de las medidas ordenadas, el Juzgado de Distrito estableció apercibimientos económicos de hasta 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de que el Ministerio Público incurra en retrasos u omisiones en el cumplimiento de la restitución ordenada.
Después del desalojo, representantes de La Peña solicitaron tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno Federal intervenir para atender el conflicto agrario y buscar una solución a la disputa territorial.
Las y los comuneros también han planteado que se investigue la actuación de funcionarios municipales y estatales que, según sus señalamientos, tuvieron responsabilidad en el operativo. Entre sus demandas se encuentran la destitución y el inicio de procesos penales contra la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, y otros funcionarios.
Cisneros Sánchez sostuvo que la resolución judicial representa un límite a la actuación de las autoridades estatales involucradas en el conflicto y destacó que el fallo obliga a restituir a las familias afectadas mientras continúa el proceso relacionado con la disputa territorial.
El caso permanece en el ámbito judicial, mientras las familias de La Peña buscan que la restitución de sus viviendas y terrenos permita avanzar hacia una solución definitiva del conflicto que se ha prolongado durante más de 30 años.
