San Luis Potosí, S.L.P., lunes 17 de agosto de 2026.- A unos meses del arranque de los procesos electorales federal y local, autoridades de seguridad de San Luis Potosí comenzarán a incorporar a representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) a las mesas de seguridad y construcción de paz.
La medida busca que las autoridades electorales tengan participación directa en las reuniones donde se concentra información sobre seguridad y posibles situaciones de riesgo, además de permitir que las corporaciones estatales y de procuración de justicia conozcan con anticipación las necesidades que puedan surgir durante las distintas etapas del proceso electoral.
El secretario general de Gobierno, explicó que se integrará un representante de cada organismo electoral a estas mesas, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y prevenir escenarios que puedan afectar el desarrollo de las elecciones.
Aunque el funcionario aseguró que actualmente no existen zonas consideradas como focos rojos, reconoció la necesidad de construir un mapa de riesgos electorales que permita identificar con anticipación municipios o regiones donde pudieran presentarse situaciones de inseguridad o contingencias.
El proceso electoral local está programado para comenzar el 15 de noviembre, mientras que el proceso federal arrancará previamente, el 10 de septiembre, debido a las actividades relacionadas con la renovación de diputaciones federales.
La incorporación del INE y el CEEPAC representa así un intento por anticiparse a posibles problemas de seguridad antes de que comiencen formalmente las etapas electorales.
Las autoridades deberán definir qué zonas requieren mayor vigilancia y establecer protocolos para responder ante eventuales incidentes durante campañas, traslados de documentación, instalación de casillas y jornada electoral.
Torres Sánchez sostuvo que el intercambio de información entre las autoridades electorales y las instituciones de seguridad permitirá generar estrategias preventivas. El reto será que esta coordinación no se limite a reuniones administrativas, sino que se traduzca en acciones concretas para garantizar que la participación ciudadana y las actividades electorales puedan desarrollarse sin presiones ni hechos de violencia.
