San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 05 de agosto de 2026.- El desmantelamiento de dos centros de procesamiento ilícito de combustible en el estado fue resultado de un operativo encabezado exclusivamente por autoridades federales, mientras que el Gobierno del Estado reconoció que no participó en las acciones que permitieron ubicar y asegurar los inmuebles utilizados para el manejo ilegal de hidrocarburos.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que la administración estatal no intervino en las diligencias realizadas como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y señaló que fue la Federación la que coordinó por completo el despliegue. Aunque afirmó que el Ejecutivo estatal respalda este tipo de acciones, admitió que no contaban con información sobre el operativo.
La intervención fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística. Como resultado fueron identificados y desarticulados cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en el país, dos de ellos ubicados en la entidad.
El aseguramiento evidenció la operación de infraestructura destinada al procesamiento clandestino de hidrocarburos dentro del estado, un delito que forma parte de la estrategia nacional para combatir el robo de combustibles. Pese a ello, el Gobierno estatal reconoció que su papel se limitó a respaldar las acciones emprendidas por las autoridades federales.
El Secretario General de Gobierno aseguró que la administración estatal mantendrá la coordinación con las instituciones federales y expresó su confianza en que el operativo contribuya a neutralizar la actividad relacionada con el huachicol en la entidad. Asimismo, sostuvo que el Gobierno continuará participando en las mesas de construcción de la paz para apoyar las estrategias de seguridad impulsadas por la Federación.
El funcionario también recordó que desde el domingo antepasado se reforzó la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal en la zona metropolitana.
Sin embargo, el operativo que permitió desarticular los centros de procesamiento ilegal de combustible se desarrolló bajo conducción federal, sin participación directa del Gobierno de San Luis Potosí.
