San Luis Potosí, S.L.P., martes 04 de agosto de 2026.- La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) podría desaparecer como órgano garante en San Luis Potosí si el Congreso del Estado aprueba las iniciativas de nueva Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales, las cuales plantean un nuevo modelo en el que parte de las inconformidades ciudadanas serían resueltas por las propias instituciones que emiten las respuestas.
Las propuestas, recibidas este lunes por el Poder Legislativo, contemplan la creación del Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG), organismo que sustituiría a la CEGAIP para atender los recursos de revisión relacionados con dependencias del Gobierno del Estado y los 59 ayuntamientos. Sin embargo, el nuevo instituto estaría sectorizado a la Contraloría General del Estado y su dirección sería designada por el Poder Ejecutivo.
Uno de los cambios más relevantes establece que cuando las solicitudes de información involucren al Congreso del Estado, el Poder Judicial o los organismos constitucionalmente autónomos, los recursos de revisión ya no serían resueltos por un ente externo e independiente, sino por los órganos internos de control de cada institución.
Con este esquema, las inconformidades por respuestas incompletas, negativas de información o declaraciones de inexistencia quedarían bajo revisión de instancias que forman parte de la misma estructura administrativa de la autoridad señalada, sustituyendo el modelo actual en el que la CEGAIP actúa como órgano garante independiente.
La iniciativa también propone ampliar de 10 a 15 días hábiles el plazo para responder solicitudes de información, con la posibilidad de una prórroga adicional de diez días, por lo que el tiempo máximo de respuesta podría alcanzar los 25 días hábiles. Además, la información de transparencia, como salarios, contratos, presupuesto y estructura administrativa, pasaría de actualizarse mensualmente a hacerlo cada tres meses, otro de los cambios contempla la desaparición del Pleno de comisionados y del Consejo Consultivo ciudadano de la CEGAIP.
Aunque las iniciativas mantienen la obligación de publicar información sobre el ejercicio de recursos públicos y prohíben declarar inexistentes documentos que legalmente debieron elaborarse, la reestructura elimina al organismo autónomo que actualmente funge como árbitro en los conflictos relacionados con el acceso a la información.
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y, posteriormente, deberán ser discutidas y votadas por el Pleno del Congreso del Estado antes de que puedan entrar en vigor.
