San Luis Potosí, S.L.P., viernes 31 de julio de 2026.– La reforma electoral de San Luis Potosí quedó bajo el escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará si las modificaciones aprobadas por el Congreso del Estado se ajustan a la Constitución o si, como sostienen los promoventes de las impugnaciones, fueron avaladas incumpliendo obligaciones establecidas por el propio máximo tribunal.
La Comisión de Receso de la SCJN admitió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y por el partido político Somos México en contra del Decreto 0571, con lo que inició el análisis de la constitucionalidad de la reforma que regirá el proceso electoral de 2027.
Como parte del procedimiento, la Corte ordenó a los poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí rendir los informes correspondientes para justificar la legalidad del decreto. También dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitir la opinión prevista para este tipo de medios de control constitucional.
Asimismo, requirió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) informar la fecha de inicio del próximo proceso electoral local y pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) remitir la documentación relativa al registro, estatutos y dirigencia vigente de Somos México.
El principal cuestionamiento contra la reforma radica en que el Congreso del Estado habría vuelto a modificar la legislación electoral sin realizar la consulta previa a personas con discapacidad ni a pueblos y comunidades indígenas, pese a que esa obligación deriva de resoluciones emitidas previamente por la propia Suprema Corte.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la acción de inconstitucionalidad presentada por Somos México, el Poder Legislativo incumplió el mandato judicial que condicionaba cualquier modificación a la legislación electoral a la realización de esos procesos de consulta, por lo que las reformas aprobadas carecerían de validez constitucional.
El caso no es inédito. En 2020, la SCJN invalidó la totalidad de la legislación electoral de San Luis Potosí, precisamente por la ausencia de consultas a estos sectores. Dos años después volvió a anular diversas disposiciones al considerar que el procedimiento implementado por el Congreso resultó insuficiente para cumplir con los estándares constitucionales.
Aunque el plazo para subsanar esas deficiencias venció en octubre de 2025, las consultas permanecieron pendientes y, durante este año, el Congreso local aprobó una nueva reforma electoral que ahora enfrenta una nueva revisión constitucional.
