San Luis Potosí, S.L.P., jueves 30 de julio de 2026.– En fast track el Congreso del Estado de San Luis Potosí derogó este miércoles las disposiciones del Código Penal que dieron origen a la llamada “Ley de Inteligencia Artificial”, en una sesión extraordinaria caracterizada por su rapidez y la ausencia de discusión parlamentaria misma que no fue convocada con antelación.
La reunión del Pleno fue convocada apenas 15 minutos antes de su inicio por el área de comunicación social y concluyó en aproximadamente 10 minutos, de los cuales solo 2 minutos se utilizaron para desahogar el único asunto previsto en el orden del día: la eliminación de los artículos en el código penal que generaron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, especialistas y organismos nacionales e internacionales por su impacto potencial en la libertad de expresión.
Durante la sesión no hubo posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervenciones en tribuna ni debate sobre los argumentos que motivaron la derogación de una reforma penal que el propio Congreso había aprobado meses atrás.
El dictamen fue sometido directamente a votación electrónica. El resultado fue de 22 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, con lo que quedó aprobado el decreto que elimina diversas disposiciones del Código Penal del Estado relacionadas con el uso de inteligencia artificial.
Tras anunciar el resultado, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó remitir el decreto al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes y, acto seguido, declaró clausurado el noveno periodo extraordinario de sesiones de la LXIV Legislatura.
La rapidez con la que se desarrolló el procedimiento contrastó con la controversia que rodeó la denominada “Ley de Inteligencia Artificial”, cuya aprobación provocó cuestionamientos por considerar que podía utilizarse para sancionar expresiones protegidas y generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y la crítica pública.
La derogación pone fin al proceso legislativo de una reforma que permaneció vigente en medio de acciones legales, pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos y críticas por parte de diversos sectores, aunque el Congreso optó por cerrar el capítulo mediante una sesión privada omitiendo la deliberación pública y convocada prácticamente de manera inmediata.
