San Luis Potosí, S.L.P., viernes 16 de julio de 2026.- La Federación destinará 22 millones 699 mil 603 pesos a San Luis Potosí para reforzar las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante 2026, de acuerdo con el convenio de coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Gobierno del Estado.

El acuerdo establece que el subsidio federal deberá complementarse con una aportación estatal de 6 millones 665 mil 874 pesos, equivalente al 29.37 por ciento del monto transferido por la Federación, porcentaje que supera el mínimo de 12 por ciento exigido por las reglas de operación. Con ello, la bolsa destinada a estas acciones en la entidad ascenderá a más de 29.3 millones de pesos.

Los recursos serán administrados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y únicamente podrán utilizarse en actividades relacionadas con la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas. El convenio precisa que el dinero conservará su carácter de recurso federal, por lo que su aplicación estará restringida a los fines autorizados.

El subsidio será entregado en dos exhibiciones: una primera ministración correspondiente al 85 por ciento del monto aprobado y una segunda por el 15 por ciento restante. A su vez, el Gobierno del Estado deberá depositar su aportación en una cuenta bancaria específica dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción del primer depósito federal.

Como parte de las obligaciones del convenio, las autoridades estatales deberán presentar informes trimestrales sobre el ejercicio del presupuesto y comprobar documentalmente cada gasto realizado. En caso de existir recursos no ejercidos al concluir el ejercicio fiscal 2026, estos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros generados.

El convenio también establece que la aplicación del subsidio podrá ser auditada por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos estatales de fiscalización, con el fin de verificar el uso y destino de los recursos públicos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas.